Evidencian violaciones al acceso humano al agua
Édgar Joaquín Barrios Reyna
Los representantes de Ixtacamaxtitlán y Ahuacatlán coincidieron en la afectación que tendría el río Ajajalpan y otros cuerpos de agua por las hidroeléctricas y las concesiones mineras en la zona.
SAN FELIPE TEPATLÁN, Pue.- Indígenas y activistas de la Sierra Norte de Puebla evidenciaron violaciones al acceso humano al agua derivado del impacto que generan proyectos mineros, hidroeléctricos y de extracción de hidrocarburos en sus comunidades que agudiza las desigualdades sociales y que deriva en la criminalización de quienes defienden ese derecho ante el relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento, Léo Heller, durante el encuentro que sostuvieron en Veracruz.
Aunque las reuniones con el relator de la ONU fueron de carácter privado y no se cuenta con información detallada sobre lo que estas organizaciones plantearon ante el alto funcionario brasileño, tan sólo en los primeros tres días de su visita –hasta donde se sabe– ha recibido fuertes denuncias hechas por comunidades y organizaciones, así como por redes de la sociedad civil, que denunciaron la aplicación de políticas del Estado mexicano que promueven el acaparamiento, la privatización y el manejo insustentable del líquido vital, incluyendo la sobreexplotación y la contaminación de los cuerpos de agua.
El turno para las quejas poblanas ocurrió el pasado viernes en el encuentro que sostuvo durante la visita que hizo El Ejido de Emiliano Zapata en el municipio serrano de Filomeno Mata, en Veracruz. Ahí los colectivos y comunidades le denunciaron las afectaciones que dejan la extracción y exploración de hidrocarburos, petróleo y gas shale, así como violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento por la técnica de extracción de fractura hidráulica, que, según los denunciantes, afectan a regiones de Puebla, Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Coahuila.
Así, Makxtum Kalaw Chuchutsipi-Organización de los Pueblos Totonacos para la Defensa del Territorio, fue una de las participantes en este encuentro con el alto funcionario de la ONU, en ese encuentro que llevó como nombre "Visita del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento".
Para exponer el impacto que la filial de la minera canadiense Almaden Minerals ha dejado en Ixtacamaxtitlán, a través de Alejandro Marreros Lobato, de la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la tierra y la vida "Acolhua", expuso el caso durante su intervención.
También participó Altepetajpianij Consejo Maseual, una figura organizativa que encabeza la resistencia legal de este pueblo contra las hidroeléctricas y la subestación de la Comisión Federal de Electricidad su pretendida obra en Cuetzalan. Representando a la comunidad de San Mateo, en Ahuacatlán, la abogada Diana Pérez tomó la palabra y expuso el impacto que ese proyecto de la CFE tiene en esa comunidad, que ha sido criminalizada por su oposición.
En el conjunto de todas las quejas, no solamente la poblana, destaca la denuncia de concesiones de agua para la industria minera, que extrajo casi 437 millones de metros cúbicos durante 2014, suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo período, según investigación de la Heinrich Böll Stiftung y Cartocrítica, que circuló durante la visita.
"Se encontraron 417 empresas mineras dentro del REPDA (Registro Público de Derechos de Agua, base de datos de la Conagua), que se lograron agrupar en 230 grupos empresariales mineros. Un total de 1 mil 36 títulos de aprovechamiento de agua, amparando un volumen de 436 millones 643 mil 287.92 metros cúbicos anuales de agua, es lo que se encontró concesionado a empresas mineras. Esto es el equivalente al volumen de agua necesario para satisfacer el derecho humano al agua por un año de 11 millones 962 mil 830 personas. Cabe recordar que, en México, 13.8 millones de personas no tienen acceso al agua en la vivienda".
En el país hay gran rezago de dotación de agua potable en las zonas con mayor disponibilidad de líquido, así como discriminación en la prestación del servicio, señalan organizaciones sociales, lo que evidencia "el fracaso de las políticas del Estado mexicano en la materia y que agudizan las desigualdades sociales".
También coincidieron en la criminalización de quienes han alzado la voz para defender el derecho al agua, evidenciaron la desigualdad que hay en el acceso a este vital líquido, que se ve más acentuado de los grupos humanos con mayor marginación y vulnerabilidad, que dista de una distribución equitativa de ese vital recurso.
Léo Heller es el segundo Relator Especial sobre los Derechos Humanos para el Agua Potable y el Saneamiento. Fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos en noviembre de 2014, comenzó su mandato el 1 de diciembre de ese año. Heller es actualmente investigador en la Fundación Oswaldo Cruz, en Brasil.
Anteriormente, fue profesor del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, de 1990 a 2014. Durante su carrera en la Universidad Federal de Minas Gerais, Heller ocupó varios cargos, entre ellos el de jefe del Departamento de Sanidad, es ingeniero ambiental, superior Asociado de Estudios de Posgrado, Decano de la Escuela de Ingeniería y coordinador del Programa de Posgrado en Saneamiento Básico, Medio Ambiente y Recursos Hídricos.
