Orden de suspensión que obtuvo el patronato de Margarita Jenkins de Landa no tiene efectos amplios o generales
Mayra Flores / El Sol de Puebla
"No es posible ejecutar dicha resolución de propia mano y tomar la Universidad de las Américas Puebla sin que existan actos de las autoridades judiciales, las cuales actualmente están de vacaciones", acotó.
La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla cuenta con la resolución de un magistrado que ordena mantener las cosas como están en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y no ha devuelto el control del campus a la Fundación Mary Street Jenkins, como lo ordenó el Poder Judicial, porque dicha autoridad es la que, en todo caso, debería cumplimentar su resolución, dijo Daniel Vázquez, presidente del órgano descentralizado del Gobierno Estatal.
En conferencia de prensa, defendió que la actuación de la Junta ha sido en apego a sus atribuciones y anunció que ha presentado quejas y denuncias contra los jueces federales que, contradiciendo sus propias resoluciones, han concedido ordenes de suspensión a favor de la fundación Mary Street Jenkins.
Vázquez explicó que la última orden de suspensión que obtuvo la fundación Jenkins, el viernes pasado, no tiene efectos amplios o generales, ya que solo indica que Margarita Jenkins de Landa está exenta para ser removida como patrona de la fundación UDLAP, más no el resto de los patronos, por lo que no se le puede devolver el campus.
Además, el presidente de la Junta señaló que dicha orden de suspensión no es dictada directamente por un juez, sino por un Secretario en funciones, mientras que el órgano que preside recibió ese mismo viernes la resolución de un magistrado que ordena mantener las cosas como están en la UDLAP.
Con lo anterior, indicó, se instruye la permanencia del patronato que la Junta designó el pasado 28 de abril, como resultado de un juicio de lesividad emprendido tras los actos que la fundación Mary Street Jenkins realizó en 2014, cuando cambió de domicilio a las fundaciones a Jalisco y autorizó la donación de 720 millones de dólares de su patrimonio.
"Nos han acusado de violar suspensiones en juicios de amparo, de estar detrás de un complot, de actuar arbitrariamente, de encabezar y ejecutar la intervención física de la UDLAP, esto es erróneo", afirmó.
