"No a la hidroeléctrica en río Ajajalpan", dicen indígenas en consulta del INPI
Dominación, despojo y discriminación, predomina en proyectos de empresas extranjeras para obtener beneficio de la naturaleza
Edgar Barrios/Cuetzalan
Indígenas y mestizos se pronunciaron contra el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, en el marco del Foro Regional de la Sierra Norte, celebrado este viernes en Cuetzalan, en el que hablaron de las condiciones de despojo, dominación y discriminación que se ve patentada en la reforma promovida por el gobierno federal, que los excluirá en temas estratégicos.
Los indígenas acusaron que no están en condiciones de igualdad para discutir sobre sus derechos, cuando están siendo agredidos por el Estado, a través de la autorización de los proyectos en su territorio. También han enfrentado la violación de sus derechos colectivos, el despojo del territorio para comprar tierras en abuso.
Acusaron que hay una simulación de la consulta para autorizar este proyecto hidroeléctrico que únicamente busca validar las decisiones ya tomadas para entregar lo que llamaron "su río" a transnacionales como Walmart para generar energía a partir de un río sagrado: la decisión de los pueblos indígenas ya está tomada, no a los proyectos de muerte, dijeron durante este foro.
Al respecto Hugo Aguilar, el representante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que estuvo presente en este foro, dijo que existiría la consulta, la información, siempre y cuando el gobierno lo considere así, pero si el gobierno considera que el territorio, la vivienda o el espacio es estratégico para la nación, pues obviamente ya no.
CONSULTA EN HUAUCHINANGO
Más de mil personas acudieron a la “Consulta previa, libre e informada para el proceso de Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los pueblos indígenas” en Huauchinango, entre Nahuas, Tepehuas, Otomíes y Tutunakús, quienes en distintas mesas de trabajo participaron en las propuesta y conclusiones.
En el evento, el director del INPI, Adelfo Regino Montes, urgió la necesidad del reconocimiento de pueblos “como sujetos de derecho público” para que tengan la capacidad plena de tener decisiones para implantar obras y ejercer recursos públicos de manera directa, dado “que es un reclamo justo de las comunidades”.
Hizo hincapié en la necesidad de que las comunidades y los pueblos indígenas deben participar en la protección de tierras y terrario, de bienes de las comunidades, como los recursos naturales para heredarlos a las siguientes generaciones y llamó a que el derecho “a la consulta libre, previa e informada, deben de implementarse, realizarse en la vida cotidiana”.
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