La encrucijada no es fácil para la presidenta, porque, en última instancia, esos procesamientos y esas sanciones significan desmontar de manera radical el entramado político que le heredó de López Obrador.
No basta con exhibir los trapos sucios. No basta con filtrar a los medios las propiedades del líder del senado o las compras de arte del hijo de López Obrador. No basta con exhibir al senador que antes no tenía propiedades y hoy tiene una casa de 12 millones de pesos. Tampoco basta que el fin sea impulsar la candidatura de su secretario favorito o que esos actos tengan como propósito fortalecer el liderazgo de la presidenta en su partido. Si no hay juicios, si no hay detenidos, si no hay una rendición de cuentas real, la presidenta terminará siendo cómplice de los actos indebidos de quienes son exhibidos a últimas fechas por los medios de comunicación, ya por sus exorbitantes ingresos, ya por sus antidemocráticas y anticipadas campañas, ya por sus excesos, no solo lejanos al discurso del partido en el poder, sino muy cercanos a delitos y corrupción.
Lo único que haría distinta a Sheinbaum de sus antecesores es precisamente procesar y enjuiciar a quienes cometen actos de corrupción. El periodo de su antecesor se vio marcado por una incapacidad para procesar a quienes cometían actos de corrupción en su gobierno y a quienes los habían cometido en el pasado. El claro ejemplo de esa incapacidad fue el caso de Emilio Lozoya: una detención que fue negociada en lo oscurito, que permitió al exsecretario de Peña Nieto pasearse y disfrutar de su dinero, y que demuestra la podredumbre del sistema. La máxima es clara: si hay dinero, la cárcel no es el lugar en el que terminan los corruptos.
El gobierno de Sheinbaum se está convirtiendo en un circo donde todos los días hay un nuevo escándalo de los payasos. Los escándalos de excesos están marcando día a día al gobierno de la primera mujer que se sienta en la silla presidencial. La única manera en que eso puede parar y dejar de ser un mero instrumento para purgar las luchas internas de Morena, es que la presidenta dé un paso al frente y proceda contra los funcionarios que día a día empañan no solo a su partido, sino a su gobierno.
¿Por qué no proceder contra Adán Augusto o Noroña o contra los gobernadores que son señalados de vincularse con el crimen organizado? Todo indica que la presidenta no tiene la intención de emprender acciones legales y se contenta con que se exhiban los despilfarros y los excesos de sus correligionarios. Le basta con acabarlos políticamente, pero perpetúa la impunidad.
En una extraordinaria novela, John M. Coetzee describe una Sudáfrica racista y realiza una profunda reflexión sobre el colonialismo. La novela narra las vicisitudes de un magistrado que se enfrenta a su propio gobierno por su discurso que alimentaba que los bárbaros podían invadir su territorio, aunque en el transcurso del libro se desvela que en realidad los bárbaros que torturan y cometen atrocidades, son los del propio gobierno, y quien ellos califican como bárbaros son en realidad víctimas de sus pillerías. A Claudio Sheinbaum le puede suceder lo mismo que al gobierno descrito por Coetzee en su novela: de tanto señalar a los corruptos sin juicios ni procesos, terminará por convertir a su gobierno en uno de ellos, en el fiel reflejo de la corrupción, en los bárbaros (de acuerdo a la novela del premio Nobel sudafricano).
Pero la consecuencia de no sancionar a los Noroña, a los Adanes de este gobierno y de los anteriores, significa una pérdida de credibilidad. No puede ignorar que todos los instrumentos que analizan y miden la corrupción, muestran en la impunidad -justo lo que está haciendo la presidenta- el punto clave que alienta la aparición de personajes que llenan sus bolsillos a partir del saqueo al erario.
La presidenta está haciendo lo que todos pronostican: se hace de la vista gorda porque sancionar la corrupción implicaría desnudar si los corruptos (los barbaros) son solo los neoliberales (en el discurso presidencial) o lo son también los políticos de casa. Todos sabemos que los corruptos son los de antes y los de ahora, aunque la presidenta lo quiera ocultar debajo de la alfombra de la impunidad.
