Urge que el Estado brinte medidas de protección a comunidades indígenas: IBERO
Las comunidades indígenas de Puebla enfrentan asesinatos, criminalización y hostigamiento por resistir al despojo
Daniela Hernández / El Sol de Puebla
Las comunidades indígenas de Puebla enfrentan asesinatos, criminalización y hostigamiento por resistir al despojo y desarrollo extractivista industrial e inmobiliario en su territorio. Ante este escenario, urge que el Estado les brinde medidas de protección y respeto, sentenciaron académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Lo anterior en el informe del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, presentado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado este 10 de diciembre.
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El Ayuntamiento no ha determinado a cuánto ascienden los daños materiales provocados por los manifestantes y por lo que fueron detenidos tres personasEn el documento registraron tres homicidios cometidos en contra de personas defensoras del territorio y el medioambiente en Puebla, mismos que fueron perpetrados por agentes de la policía estatal.
“Se observó que las agresiones directas fueron llevadas a cabo mayoritariamente por agentes estatales o por particulares que tenían la tolerancia del Estado”, revelaron.
Asimismo, se presentaron vulneraciones del derecho de los pueblos originarios a la protesta, además de las obstaculizaciones a los derechos de pueblos originarios en la región.
Por lo anterior, quienes integran el IDHIE exigieron a las autoridades garantizar la evaluación y adopción de medidas de protección para evitar dividir a las comunidades.
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Solicitó que regresen las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles, donde cientos de mujeres dejaban a sus hijos en un lugar seguro para ir a trabajar.En el documento también recomendaron privilegiar el diálogo como respuesta a las protestas, sin hacer uso de la fuerza, y garantizar la aplicación de los principios de excepcionalidad, necesidad, progresividad y proporcionalidad.
“Instamos a las autoridades a implementar la existencia de mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho al consentimiento informado bajo el principio de autodeterminación y autonomía de las personas y comunidades indígenas, en especial frente a los intentos de interferencia o presión por parte autoridades o instituciones del Estado, así como entes privados”, concluyó el informe.