Exgobernador de Michoacán pagó al esposo de Gómez Mont para crear red de espionaje
Sobre la conductora y su esposo existe una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol
Guillermo Pichardo / El Sol de Puebla
El caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga ahora alcanzó al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien es señalado de haber pagado a la empresa del marido de la conductora, por la renta de equipo de espionaje.
El señalamiento lo hizo el actual gobernador de dicho estado, Alfredo Ramírez Bedolla, quien indicó que su antecesor pagó 19.5 millones de dólares por el equipo que había sido montado en la red del estado, aunque hasta el momento se desconoce a quienes se vigilaba, a fin del objetivo de esta actividad.
En el contrato que consta por la transacción, se determinó como un servicio de monitoreo y actualización de las direcciones IP de los dispositivos del gobierno michoacano, tarea para la que se utilizaron 12 computadoras, mismas que se retiraron bajo el argumento de que una parte del contrato no se pagó.
La transacción fue firmada en 2017 por el entonces secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, bajo la razón social Integra Software, cuyo representante legal se presentó en la figura de Raúl García Palacios.
El ejecutivo estatal indicó que tanto en la casa de gobierno como en las instalaciones del gobierno ya se descartó el hallazgo de dispositivos de espionaje e incluso se aventuró a señalar que todo apunta a un modelo de fraude mediante arrendamiento.
Así mismo el mandatario indicó que no sólo se encontró la renta de estos dispositivos en la administración anterior, sino que también se arrendaban patrullas, las instalaciones que ocupa el C-5, helicópteros, así como diversos cuarteles de la policía.
Sobre los costos erogados, las cifras ascendían hasta a ser veces más que los precios de mercado, por lo que ya se inició una investigación sobre el tema, a fin de determinar las responsabilidades correspondientes.
Hay que recordar que al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa la conductora Inés Gómez Mont, se les acusa de haber obtenido contratos públicos para desviar casi 3 mil millones de pesos mediante empresas fachada, por lo que sobre ellos existe una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol.
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