Miguel Ángel Salinas dijo que el propósito es que se sigan protocolos de actuación que no violenten los derechos
Mario Luna
Por otra parte, Salinas Íñiguez mencionó que casi no se han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro en contra de alguno de los centros de rehabilitación que integran la red.
La intención de la Red de Centros de Rehabilitación contra Adicciones en San Juan del Río es capacitar al personal de estos espacios, con el propósito de que sigan protocolos de intervención que no violenten los derechos humanos y estén encaminados al convencimiento de las personas de inscribirse a los tratamientos, señaló el presidente de dicha red, Miguel Ángel Salinas Íñiguez.
Refirió que en algunas ocasiones los centros de rehabilitación emplean métodos que pueden ser objeto de señalamientos, tales como la intercepción de personas en la vía pública, o en algún lugar que suelan frecuentar, para trasladarlas hasta los anexos y comenzar con el tratamiento.
Precisó que si bien desde el Derecho estos mecanismos pueden ser calificados como violatorios de los derechos humanos, en la mayoría de las ocasiones son los familiares del paciente quienes solicitan y dan su consentimiento para que el personal de los centros de rehabilitación lleve a cabo este tipo de intervenciones.
Ante ello, mencionó que, para evitar problemas y situaciones legales, la idea es capacitar a quienes laboran dentro de estos espacios para que ejecuten protocolos que no violenten los derechos de las personas que van a recibir el tratamiento. Recordó que el ingreso a los anexos debe de ser voluntario.
“Muchos centros lo hacen a petición de la familia (…). Llega el del centro, levanta al chico o lo saca de su casa, pero la familia está detrás y la familia está insistiendo (…). Entonces, la idea es la capacitación y que sepan que hay forma de intervención para poder convencer a alguien que requiere el tratamiento. Eso se sería lo ideal y que todos los tratamientos en su momento sean voluntarios. El único que puede ser obligado es el que nos consigan la autoridad”, comentó.
Manifestó que esta situación ha sido expuesta a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), con la intención de generar un protocolo de actuación que permita garantizar los derechos humanos de quienes serán ingresadas a los centros de rehabilitación. Dijo que, aunque es un tema complejo, en todo momento se busca el respeto a la dignidad de la persona.
“En los centros que integran la red, casi no tenemos denuncias. A veces es que las familias, cuando ya tienen a su usuario dentro de un tratamiento, hay veces que lo quieren sacar anticipadamente. Entonces, en ese sentido, cuando la familia ya no se quiere hacer responsable de lo que debe en el centro o de alguna penalización, es cuando acuden a la fiscalía (…). Llega la fiscalía, investiga que no es cierto y ve que hay un convenio de por medio entre particulares”, apuntó.
