Opinión / Justicia restaurativa

En la columna anterior abordamos los mecanismos alternativos de solución de controversias, como son la negociación, mediación, conciliación y arbitraje. Además, señalamos que estos medios privilegian la responsabilidad personal, el respeto al otro y la comunicación, para que de esta forma sean las propias partes involucradas en el conflicto, quienes decidan la forma de resolverlo.

Estrechamente relacionado con lo anterior, encontramos la justicia restaurativa, que se sustenta en un cambio de paradigma, consistente en que las partes envueltas en el conflicto sean las protagonistas, no un tercero (que en un juicio es el Estado), y que debe priorizarse la reparación del daño.

La justicia restaurativa ha sido definida como el proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible.

Puede entenderse que el principal propósito de la justicia restaurativa es reparar el daño y restaurar el tejido social, con la generación de una experiencia sanadora para todos los involucrados.

Siguiendo este orden, la doctrina considera a la justicia restaurativa como la oportunidad de reparar el daño, ya sea en un sentido colectivo o individual, una vez que se ha consumado un delito, sin olvidar que uno de sus objetivos es integrar a los intervinientes a la sociedad.

Además, promueve el diálogo voluntario, equitativo, constructivo y respetuoso entre las personas involucradas en una situación en la que existió un daño.

Este movimiento se enfoca más en los daños provocados por una conducta tanto en las víctimas y las comunidades, como en las personas ofensoras. Su finalidad es que la presunta persona ofensora y la víctima logren un acuerdo sobre la mejor manera de reparar el daño causado, o bien, que se realicen prácticas restaurativas individuales para atender las necesidades específicas de las personas involucradas.

Es decir, su propósito es ir más allá de las sanciones tradicionales del sistema de justicia retributivo –que se centra en el castigo y la responsabilidad– para ofrecer una vía que permita la reparación del daño, la participación de las partes y el restablecimiento del equilibrio social.

Este tipo de justicia cumple con el mandato establecido en el quinto párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que busca garantizar mecanismos alternativos de solución de controversias.

Fomenta una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, en donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto a la otra persona y el uso de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. La adopción de la justicia restaurativa, por encima de la represiva o retributiva, tiene por efecto que, en la investigación, persecución y sanción de ilícitos, el Estado se centre en lo que realmente afecta a la sociedad.

Es importante conocer este sistema de justicia, que implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo, es decir, buscar que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo “culpable” e imponerle propiamente una sanción -dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar-.

Así, la justicia restaurativa debe promoverse para que el enfoque resarcitorio sustituya naturalmente al punitivo o de castigo.

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