Del anterior legado debemos sentirnos orgullosos, y nos impulsa a seguir trabajando en la consolidación de un sistema de justicia más cercano a la gente y con mayor sensibilidad social.
Un dato histórico y relativamente no tan conocido, es que en San Luis Potosí tenemos el honor de ser el Estado en donde se dictó la primera sentencia de amparo, el trece de agosto de mil ochocientos cuarenta y nueve, concedida a Manuel Verástegui contra una orden de destierro.
Manuel Verástegui fue un hacendado de Rioverde, San Luis Potosí, quien había formado parte de un movimiento de rebelión focalizado en la Sierra Gorda (formada por territorios de los Estados de Guanajuato, Querétaro, y San Luis Potosí), el cual redactó el Plan Político y eminentemente social, proclamado en Rioverde por el Ejército Regenerador de Sierra Gorda, circulado el dieciocho de marzo del año anteriormente citado.
Esa rebelión comenzó y terminó en ese año, mediante la eliminación de impuestos que afectaban seriamente a la población indígena, el establecimiento de tres colonias militares, la repartición de tierras entre las familias más necesitadas, y concesiones a jefes y oficiales de la guardia nacional para que permanecieran en las colonias de la Sierra Gorda, así como a través de un acuerdo de pacificación, por el cual se entregó dinero a los cabecillas del movimiento.
Una vez concluido el conflicto, se emitió una orden de destierro en contra de Manuel Verástegui, ante ello, acudió a un Juzgado de Distrito a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Del asunto correspondió conocer a Pedro Sámano, quien se desempeñaba como Juez de Distrito sustituto.
En su sentencia, Pedro Sámano concedió la protección solicitada, al considerar que dicha orden no era consecuencia de ningún juicio, aunado a que había sido emitida por el Poder Ejecutivo del Estado, cuando tendría que haber sido el Poder Judicial quien la autorizara, al tratarse de una pena.
Este fallo fue dictado, a pesar de que no existía una reglamentación técnica de cómo tramitar el juicio de amparo, por lo que constituyó un parteaguas, al determinar que la omisión legislativa no era un impedimento para el ejercicio de una facultad constitucional, como la protección de los derechos humanos –entonces comúnmente conocidos como garantías individuales-.
De esta forma, la histórica sentencia que comentamos marcó el camino procesal para la sustanciación del juicio de amparo, reservando a la Suprema Corte la revisión de los fallos dictados por los Jueces de Distrito, y trazando el camino que llevó a la consolidación de ese juicio, en la actualidad, como la vía por excelencia de salvaguarda y protección de la ciudadanía frente a la actuación del poder público.
Así, puede afirmarse que esa resolución constituye uno más de los aportes que desde nuestro Estado se han efectuado hacia la construcción del orden jurídico nacional, en beneficio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y constituye un testamento del compromiso inquebrantable de nuestra sociedad con el orden Constitucional, la justicia y la paz social.
