El bloqueo de cuentas es uno de los mecanismos más eficientes con los que cuenta cualquier gobierno para perseguir y controlar al crimen organizado. Sin flujo de efectivo ninguna empresa puede operar. El dinero es su lado más flaco. En Estados Unidos es perfectamente legal que el gobierno intervenga las cuentas de personas y empresas que son consideradas sospechosas de lavar dinero o de financiar operaciones terroristas. Y lo pueden hacer en cualquier momento, incluso antes de que se presenten cargos o haya una condena, basándose meramente en la sospecha o la “causa probable” de que el dinero proviene de actividades ilícitas. En México, con el aval de la Suprema Corte de Justicia, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) tendrá la facultad de hacer algo muy parecido a lo que hacen los gringos. Sin la necesidad de la orden de un juez de por medio, la UIF podrá bloquear las cuentas de un particular. Bastará que exista la presunción, sin investigaciones de por medio, de que alguien lava dinero. Es decir, primero el sospechoso será sancionado y luego vendrán las aclaraciones y las pruebas por parte de la autoridad, cuando las cosas deberían ser al revés. Todos somos inocentes, hasta que nos demuestren lo contrario. ¿O no? Lo cierto es que sin certeza jurídica el ciudadano está indefenso ante los abusos de la autoridad. ¿Qué inversor extranjero querría invertir su dinero en un país donde la certeza jurídica depende del humor de un Poder Judicial constituido a partir de una tómbola?

El otro gran problema que muchos le encuentran al bloqueo de cuentas en México es la discrecionalidad. Y el uso que de esa discrecionalidad puede hacer el gobierno para “doblar” a quienes considera como sus adversarios y opositores, sin que tampoco haya una sanción para la UIF en caso de que se equivoque. Imaginemos a un candidato de la oposición con amplias posibilidades de ganar una gubernatura o una alcaldía en las próximas elecciones. ¿Podría seguir adelante el flamante candidato con su campaña y su intención de competir si de pronto le llamaran de su banco para informarle que su cuenta ha sido bloqueada por la UIF, sin investigación previa, sólo por la mera sospecha de que se dedica a lavar dinero? Pensemos en algún medio o en algún portal digital, tipo Latinus o Aristegui. ¿Seguirán siendo críticos del gobierno morenista si supieran que ya no pueden disponer de los fondos de sus cuentas? Y eso aplica tanto a influencers, como a líderes de opinión y comunicadores. Cualquier voz disidente podría ser silenciada. Ya no hablemos del proceso, penoso y largo, que implicará exigir a la UIF que regrese el dinero incautado, en caso de que el dueño de dicho dinero pueda comprobar que es de procedencia legal.

 La decisión de la Suprema Corte de Justicia de validar el bloqueo de cuentas coincide con un momento en el que se especula que Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de López Obrador, se encuentra en Estados Unidos colaborando con el gobierno gringo como testigo protegido. Nadie olvida que en junio de 2025 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, como un negocio dedicado al lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de fentanilo. No son pocos los que sospechan que la decisión presidencial de darle el poder a la UIF para que bloquee “cuentas sospechosas”, obedece más a una presión por parte de los gringos, que a la determinación del gobierno de pegarle a la maña donde más le duele, es decir en los dineros. Y es que cuesta creer que un gobierno como el de la presidenta Sheinbaum, el cual ha sido acusado una y otra vez por los gringos de ser cómplice y socio de la maña, se decida de pronto a perseguir a sus presuntos socios. ¿Será que no quedó más remedio que obedecer las recomendaciones provenientes de Washington? La respuesta a esa pregunta puede que no tarde mucho en llegar. Sólo habrá que ver si a partir de que comience a aplicarse el bloqueo de cuentas por parte de la UIF, los peces gordos del morenismo, esos que han sido señalados hasta por las piedras de tener vínculos y negocios con el crimen organizado, son sancionados con el congelamiento de sus fortunas. Si así fuera, la señal por parte del gobierno sería positiva, pues por fin se estaría sancionando, no a los narcos o a los extorsionadores, sino a sus padrinos de cuello blanco. No serían pocos los nuevos ricos de la 4T que tendrían que temer por el destino de sus pesitos y sus dolaritos obtenidos al amparo del “bienestar”.

El hecho de que el gobierno cuente con la posibilidad de congelar las cuentas de los ciudadanos, se presta para que la corrupción se haga más grande. No faltará algún funcionario de la UIF o de Hacienda o de la presidencia de la República, que utilice el poder de su cargo para andar por ahí, ya sea descongelando cuentas a cambio de un moche por parte de los afectados, o solicitando una cooperación a los lavadores de dinero para no ser “molestados por la autoridad”. Podría sonar descabellado, pero en el México de la 4T todo es posible. En los años setenta, cuando el comunismo era la moneda corriente en la ex Unión Soviética, se decía que el gobierno ruso había congelado las cuentas de miles de ciudadanos, los cuales lo habían perdido todo a manos del régimen. En México, quienes escuchaban eso temblaban sólo de pensar que algo así pudiera ocurrir algún día de este lado del mundo. Y quién lo diría, décadas más tarde el temido día llegó de la mano de la “transformación”.