En junio pasado, las cifras de robo de vehículo en Sinaloa tuvieron un ligero descenso, según el reporte mensual de la Fiscalía General del Estado se registraron 188 denuncias, cuando la tendencia desde el año pasado eran poco menos de 300 al mes.

Aun así, en los primeros seis meses del 2024, se denunció el robo de mil 385 automotores, número similar al año pasado, ya que si en todo el 2023 la Fiscalía tomó 3 mil 757 denuncias, la mitad de estas son mil 878 casos.

En el caso de la recuperación de vehículos robados, una vez la fiscal Sara Bruna Quiñónez se quejó de que los medios publicaban los despojos, pero no las recuperaciones, cuando es obligación de su equipo informar esta situación.

Pero en este rubro los números no andan bien. El año pasado el reporte es que de los más de 3 mil 700 autos robados, se reportó la recuperación de 315 y este año apenas suman 177. Es decir, no se recuperan las unidades al mismo ritmo con que se las roban.

Los datos ahí están visibles, pero desde luego, ya podrán decir que no es “tan así” como se dice. Nada más hay que ver las cifras de robos a comercios y a casa habitación.

Policías de Mazatlán, con vía libre para golpear y robar

Brutalidad, excesos, robo, desconfía ciudadana y un modus operandi que raya en lo absurdo es como se puede sintetizar la actuación de la Policía Municipal de Mazatlán en la presente semana.

Tanto impera el descontrol en la corporación preventiva del puerto, incluso, que al menos 16 agentes ya son investigados por “hacerse los enfermos” hasta por ocho meses con incapacidades fraudulentas, para emplearse en otras cosas y ganar un dinero extra.

El abuso policial no es nuevo en el puerto, pero cuando se hacen públicos los casos es como si a la Policía Municipal le estallara una granada de fragmentación o pisara una mina antipersonal.

Con todos estos excesos, el ciudadano llega a pensar, ¿Quién manda realmente en la Policía Municipal? ¿Por qué tratan así a los ciudadanos?

¿Quién moldea la actuación de estos grupos de reacción? La cadena de mando pareciera no existir en estos grupos tácticos, creados en esencia para combatir con mayor eficacia un nivel distinto a la delincuencia común.

Y el descontento ciudadano aumenta cuando la misma autoridad, en este caso el alcalde y el secretario de Seguridad Pública Municipal, sutilmente dicen que no los correrán, que seguirán en los patrullajes, en lo que se realiza una investigación por los hechos denunciados.

Esas decisiones pueden salir costosas para el ciudadano de a pie si la actuación de los policías no cambia, si no mejora, si no se sensibilizan.

Como dice Joaquín Sabina: “Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena”.