Revocación de Mandato: la farsa
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Sinaloa, 15 de abril de 2026
Según los números del Instituto Electoral de Oaxaca, luego de la consulta de revocación de mandato que tuvo lugar en ese estado hace unas semanas, los oaxaqueños están muy contentos con su actual gobernador, Salomón Jara. Lo cierto es que ni siquiera votó el 40% del padrón. Eso además de los señalamientos de fraude por parte del Partido del Trabajo. La idea de echar del cargo a un político que no da el ancho es un acierto. Lo que deja dudas son las reglas de la mentada consulta
La revocación de mandato es en sí misma un recurso que debería validar cualquier democracia. Nada más justo que, en el momento que el pueblo le pierde la confianza a un gobernante, éste sea echado por incompetente. La idea suena muy bien, muy democrática. Pero, ¿alguna vez hemos visto a algún gobernante mexicano, incluido el propio presidente López Obrador, que haya sido echado de su cargo debido al repudio popular? Claro que no. Y es que además de los fraudes, el acarreo y la compra de votos, sólo por mencionar algunas chapuzas frecuentes en cualquier votación a la mexicana, hay un elemento que hace casi imposible que la revocación de mandato llegue a ser aplicada algún día en detrimento de nuestros conspicuos gobernantes. Y eso tiene que ver con el artículo 58 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el cual especifica que la revocación de mandato sólo procederá cuando el Tribunal Electoral confirme que, al menos, 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores participaron en la votación. Y ahí es donde comienzan los entuertos. Pues de entrada habría que preguntarse bajo qué criterios se decidió –por parte de los legisladores que redactaron la “Ley” que 40 por ciento de participación ciudadana es el porcentaje ideal para validar una votación, la cual difiere en muchos sentidos de lo que sería una elección típica.
En las elecciones presidenciales de 2024, el porcentaje de participación ciudadana fue de casi sesenta por ciento. Visto así, 40 por ciento de participación ciudadana podría considerarse como un número razonable para validar una consulta de revocación de mandato. El problema con esa consideración es que no es lo mismo elegir a un presidente o a un gobernador, que votar para que ese presidente o gobernador no continúe más en el poder. Tanto las expectativas como el ánimo de la gente, en un caso y en el otro, son muy distintos. Y ello influye en la decisión de salir a votar o no hacerlo. Quizá por ello se explica que en Oaxaca, la reciente consulta para revocación de mandato, no lograra reunir ni siquiera 30 por ciento del padrón electoral. Razón por la cual el resultado de la votación no fue vinculatorio. Dicho en otras palabras, Salmón Jara, el gober actual, continuará gobernando hasta el final de su mandato. Por supuesto abundan las denuncias de irregularidades en la votación, como el hecho de que la propaganda para promover los votos a favor de Jara estuvo en las calles oaxaqueñas hasta, al menos, un día antes de la consulta. Cosa que constituye un delito electoral. Eso sin contar el presunto embarazo de urnas, la intimidación y el intento de comprar a los representantes de las casillas. Habrá que presentar las pruebas.
Si algo hizo bien López Obrador, al menos para su causa y la de Morena, fue apoderarse de las instituciones que le heredó el neoliberalismo. Se apoderó de ellas y las sometió a las ocurrencias del poder presidencial. Una de esas instituciones fue el Instituto Nacional Electoral. De ser un órgano independiente, fue convertido por López Obrador en un apéndice del gobierno morenista. Una especie de comparsa, cuya misión es asegurarse, por la vía democrática eso sí, de que Morena nunca deje el poder. Algo parecido a lo que hacía el viejo PRI cuando controlaba las elecciones en contubernio con la secretaría de Gobernación. Con un INE a modo, aunque el pueblo diga que el góber o el presidente se deben ir, la revocación de mandato pareciera algo muy lejano, una simulación. ¿Y es que quién podría contradecir al INE cuando sus consejeros afirman que en Oaxaca participó menos del treinta por ciento del electorado? ¿Sería el INE capaz de sancionar al gobernador Jara por hacer propaganda fuera de los tiempos permitidos? Y de ser así, ¿cuál sería la sanción? ¿La anulación de la consulta?
La consulta para la revocación del mandato de gobernador no tiene precedente en México. Oaxaca fue el primer estado de la Federación en aventarse el paquete, aunque constitucionalmente, los gobernadores no tienen la obligación de someterse a la revocación de mandato, sino que queda a consideración de cada uno hacerlo o no. Muy distinto al presidente de la República, quien debe llamar a una consulta luego de su tercer año de gobierno. ¿Pero por qué el góber de Oaxaca tomó el riesgo, en apariencia innecesario, de preguntarle a la gente si debía continuar? Tal vez suponía que era muy poco probable que el resultado le fuera adverso. Y sobre todo, porque con ello le daba legitimidad y rating a su gobierno. Un gobierno marcado por el nepotismo y las fracturas internas. Al final se salió con la suya. Ya ocurrió en Bolivia algo parecido en 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales, en medio de una crisis política, tuvo la certera idea de impulsar un referéndum para preguntar a los bolivianos si estaban de acuerdo o no con que su presidente y sus prefectos (gobernadores) se mantuvieran en el poder. Para sorpresa de todos, Evo logró ratificar su mandato nada menos que con 64.7% de los votos. De todas las “transformaciones” que ha implementado la 4T, la revocación de mandato es una de las más dudosas. Se le hace creer al pueblo que es él quien pone y quita, siempre cuidando que no sea ese pueblo el que determine las reglas del tramposo juego.
