La batalla legal por ver quién controla la Universidad inicia con un intenso cruce de demandas en los juzgados federales en Sinaloa
Martín Durán / El Sol de Sinaloa
.
El conflicto por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa escaló a los tribunales. Los primeros 13 juicios de amparo formulados en contra de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, aprobada en el Congreso, fueron presentados por docentes universitarios que son militantes del Partido Sinaloense, y con esta estrategia buscan de frenar la aplicación de la legislación que, según las autoridades universitarias, violentan la autonomía.
Justo el día 8 de marzo, el Juez Octavo de Distrito con sede en Mazatlán, otorgó una suspensión provisional para que el Congreso deje la situación jurídica como se encuentra, es decir, no avance en su intentona de una posible reforma a la Ley Orgánica de la UAS, en la cual pretende incluir el voto universal para elegir a las autoridades.
También puedes leer: La guerra intestina entre Morena y el PAS por la UAS
Las primeras 8 demandas de amparo fueron presentadas ante el Juez Tercero de Distrito, Rubén Darío Fuentes Reyes, quien ha sido señalado por una relación cercana con el secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares.
De acuerdo con la lista de estrados de la Judicatura Federal, fueron cuatro mujeres y cuatro hombres, integrantes del Consejo Universitario, quienes acudieron a demandar en lo individual. Sin embargo, Fuentes Reyes solicitó ampliar la demanda y justificar el interés jurídico, por lo que al término de la semana no informó sobre una suspensión.
Según la información recopilada por El Sol de Sinaloa, cada amparo reclama al Congreso del Estado el decreto 407 que contiene la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, 3 párrafos tercero y cuarto, 51 fracción VIII y 59.
“Se reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables, o en su caso explique la razón por la cual le reclama diversas disposiciones al Director del Periódico Oficial”, indica la notificación.
Pero mientras que el juez Fuentes Reyes pidió más información, el Juez Octavo de Mazatlán, Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, resolvió el 8 de marzo tres suspensiones provisionales en favor de los universitarios.
“Se concede a la quejosa María Luisa Martínez Romero la suspensión provisional solicitada para el efecto de que se impidan los efectos y consecuencias de las normas reclamadas en la esfera jurídica de la quejosa”, indica uno de los resolutivos.
María Luisa Martínez es docente de la UAS, en su escrito de demanda señaló dar clases en la escuela preparatoria diurna de Mazatlán y ser integrante del Consejo Universitario, para justificar el interés jurídico presentó escritos firmados por el secretario General de la Universidad y del Consejo, y además -indica el Juez Octavo- acreditó una “afectación real y actual a su esfera jurídica.”
El lunes 6 de marzo, el rector Jesús Madueña Molina anunció que universitarios y consejeros empezarían la estrategia jurídica para detener la aplicación de la Ley de Educación Superior del Estado.
En ella, de acuerdo con los argumentos legales, el Congreso al mando del morenista Feliciano Castro Meléndrez, se extralimitó en la armonización de la Ley General aprobada en el Senado de la República, al incluir cláusulas que no se corresponden con la federal
Uno de los puntos claves es el artículo 3, párrafo segundo, que en Sinaloa, Morena y sus aliados dejaron que para modificar las leyes orgánicas de las universidades públicas, será el Congreso el que organice y convoque a foros de discusión.
“Conforme a los parámetros, lineamientos y metodología que este considere pertinente en pleno respeto de lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución General”, establece la legislación.
En cambio, la Ley General señala: “Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria”.
Este enfrentamiento entre el Congreso, impulsado por el gobernador Rubén Rocha Moya, también tocó al líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, señalado como el “cacique universitario” de quien hay que liberar a la Universidad.
En la víspera de la suspensión provisional, 35 diputados respaldaron una iniciativa de Reforma de la Ley Orgánica -hoy frenada-, y el gobernador anunció que Cuén Ojeda dejaba de ser el representante de la campaña del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al ser nombrado su amigo Ambrosio Chávez, diputado de Morena.
Sumado a esto, quedó en suspensión la posible movilización de estudiantes y universitarios, con lo que la intención de devolver a la UAS las elecciones, exhibió una crisis política anunciada entre Rocha y Cuén Ojeda.
Edoardo Gastélum Sánchez
Xochitl Guadalupe Torres Carrillo
Piodecimo Alzate Ruiz
Suilen Guadalupe Amador Cruz
Martha Edith López López
Kevin René Montoya López
Héctor Daniel Acosta Armenta
Dolores Ricardo Araujo Salcedo
Claudio Iván Limón López
José Luis Lizárraga Valdez
María Luisa Martínez Romero
