“No afecta en absoluto a las construcciones verticales de tres pisos, a los condominios de interés social, ni a la inmensa mayoría de los contribuyentes del predial del municipio”, según el comunicado.
Los regidores oficialistas también argumentaron que, con el incremento en la recaudación, los servicios públicos de la ciudad mejorarán.
Las modificaciones entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2025 y concluirán el 31 de diciembre del mismo año.
Laurie Silvan explicó que las plantas de tratamiento grandes, como Punta Bandera, no controlan completamente la cantidad ni calidad del agua residual que reciben.
Expusieron que desde hace varios años buscaron obtener la adopción formal del área, que debía ser otorgada por parte del municipio, pero las autoridades habían rechazado la petición.
“Sabemos que a las instalaciones les ha faltado mantenimiento, es una política de gasto de la federación, se abandonó el mantenimiento”, dijo el presidente de la AIMO.