No convence censo de autos "chocolate"

No obstante, pese a entrar en operación desde septiembre del año pasado e iniciar el censo un mes después, sus resultados son más que cuestionables para una institución que cuesta más de 64 millones de pesos.

EL REGISTRO

¿Y esos mil pesos para qué? El gobierno del estado promete primero que nada, cumplir con la ley que rige al Invec, para evitar sanciones administrativas; certeza sobre la tenencia del vehículo; examen ambiental para comprobar las condiciones óptimas del auto.

Sin embargo, a partir de aquí empiezan las contradicciones por parte del Invec.

En esa misma entrevista, estimaba que para diciembre de ese mismo año alcanzaría las 40 mil unidades en el censo.

Pero nada más alejado de la realidad, pues el 18 de diciembre, la coordinación de comunicación del Invec envió un boletín de prensa donde establecía que iban 10 mil autos anotados a tres meses de haber arrancado el censo.

ACCEDE A NUESTRA EDICIÓN DIGITAL ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

Esto sería 10 mil registros menos de los que había dicho Beltrán Lachica apenas dos meses atrás.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Baja California es el segundo estado del país donde circula el mayor número de vehículos irregulares. Estiman que son más de 500 mil.

Esto se traduce en que el gobierno estatal no ha logrado registrar ni 3% de esos autos “chocolate” a más de seis meses de iniciado el censo.

CIUDADANOS NO VEN UTILIDAD

“Perdí mi cartera con mi licencia y ya no lo hice, pero solo sirve como registro para identificarte como dueño, aunque no hay una garantía de nada. Es un decreto que aún no han aprobado” (sic), dijo el hombre.

En cambio, Sandy Escalante sí registró su auto. Lo hizo con el único fin de que quedara a nombre de su esposo y con ello evitar perder el dinero invertido por su familia en el vehículo.

“Solo te dan un papel donde te registran el tipo de carro a nombre de quién lo maneja. Es todo, no te dan ningún seguro. Solo es por seguir el protocolo del gobierno”, comentó.

Esta semana que recién concluyó, ciudadanos se mostraron preocupados en redes sociales por supuestos retenes instalados por el Invec en la Zona Este de Tijuana, creyendo que la intención de la institución era decomisar los autos “chocolate”.

A las pocas horas, en las mismas publicaciones de redes sociales, los usuarios aclaraban que se trataba de puntos de información, en los que la oficina estatal exhortaba a los ciudadanos a registrar en el censo su unidad.

OPACIDAD

Al Instituto de Identificación Vehicular y Combate a la Contaminación del estado le fue asignado en el Presupuesto de Egresos de Baja California, para el ejercicio fiscal 2021, un monto de 64 millones 890 mil 811 pesos.

No obstante, al ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), aún no es posible saber cómo son ejercidos esos más de 64 millones de pesos.

Y si cada dueño de un auto paga mil pesos y van registrados 13 mil vehículos, esto se traduce en 13 millones de pesos.

El detalle es que el nuevo organismo no aparece en la lista de sujetos obligados de la plataforma para responder a las solicitudes de información, y nadie más se hace responsable.

Al solicitar vía transparencia a la Secretaría de Hacienda el monto que ha ingresado al gobierno estatal con motivo del censo de autos irregulares, así como su destino, Hacienda respondió que no tiene esos datos.

“Esta dependencia no genera dicha información, se exhorta dirija al Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación”, dijo la Secretaría de Hacienda.

La Secretaría General de Gobierno (SGG), que tomó protesta a Beltran Lachica como Director General del Invec a mediados de mayo del 2020, y la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), que promueve el censo desde el inicio, también se deslindaron.

Entre la poca información de oficio disponible sobre el Invec en la PNT, hay un contrato de prestación de servicios profesionales entre el gobierno estatal y el también exdirector de Vialidad y Transporte del entonces alcalde Jorge Hank Rhon.

Según el documento firmado el 30 de junio, Jesús Beltrám Lachica obtuvo 90 mil pesos por honorarios entre el 1 de julio y el 31 de agosto del año pasado, con 45 mil pesos mensuales.

A cambio, él se comprometía a “instrumentar los medios necesarios para poner en marcha la operación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación”.

¿BUSCAS O VENDES ALGO? ¡ANÚNCIALO EN CLASIFICADOS!

LA REGULARIZACIÓN DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Hasta septiembre pasado aún se informaba en las transmisiones matutinas del gobernador Jaime Bonilla la ruta que seguiría el proyecto, pero por lo pronto la intención quedará en “stand by” durante los próximos meses.

El plan para regularizar los más de 500 mil autos “chocolate” que circulan en Baja California será discutido hasta después de las elecciones del 6 de junio, informó el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan.

Sobre el censo vehicular que está en desarrollo, dijo que la mayoría de los propietarios de autos “chocolate” no conocen el programa o inclusive no terminan de entender su objetivo.

MAL ENFOCADO

El excoordinador del Eje de Movilidad del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Jorge Gutiérrez Topete, consideró que la solución a largo plazo no está necesariamente en registrar los autos “chocolate".

Aunque desde la perspectiva estadística y de seguridad, añadió, sería útil conocer la magnitud del problema.

Respecto a la escasa cifra de autos “chocolate” registrados en el padrón, opinó que puede ser desconocimiento sobre el programa.

“Creo que los que tienen autos ilegales no se han empadronado ya que no se tiene identificada una ruta hacia la legalización de los autos en cuestión. Creo también que la pandemia ha inhibido que la gente acuda al registro”, consideró.

Con unas campañas electorales en puerta, no se vislumbra que el Censo Vehicular vaya a ser en el corto plazo una solución a los miles de automóviles que circulan de manera irregular en la entidad.

Si no hacen ese refrendo, el artículo 27 de esa ley, señala que los propietarios de esos autos se harían acreedores a una multa que podría ir de tres a 15 veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización, es decir, entre 268 pesos y mil 344 pesos.