Se gastan millones; descuidan a policías

Al final, las indicaciones de los altos mandos fueron claras. “Nos dijeron que negativo, que, si no había para los de salud, menos para nosotros”, recuerda un oficial que pidió no revelar su nombre.

ACCEDE A NUESTRA EDICIÓN DIGITAL ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

De los 123 contratos firmados durante 2020 por el gobierno de la ciudad, la Secretaría entregó, en 21, casi 50 millones de pesos a compañías con antecedentes de irregularidades, no solo en Baja California, sino también en otros estados.

Proveedora Baja de Equipos y Textiles (Probetex), Mizco Consultores y Elite by Carga, son las compañías sobre las que pesan referencias de favoritismo y ventas a sobre precio, según contratos y documentos públicos de licitaciones pasadas.

Pero eso no importó para entregarles 28.9 millones de pesos durante el primer año de la pandemia de COVID.

Probetex, el nuevo proveedor con mala fama

Los policías de Tijuana reciben apenas un uniforme para laborar todo el año: un par de botas, un pantalón y una camisola. En el primer año de la pandemia esto no cambió y la Sspcm les entregó los mismos insumos.

La alcaldesa, durante la entrega oficial de uniformes a la policía de Mexicali, dijo que “desde el inicio de su administración su instrucción fue de dotar a los elementos del mejor equipamiento, y de la mejor calidad”.

La compañía, con sede en Tijuana, fue contactada para conocer el resultado de su queja, pero respondieron que por el momento ya no harán más comentarios.

Sumado a estas acusaciones están las quejas de los elementos de la corporación sobre la calidad de los uniformes y, en especial, de las botas que les ofreció Probetex.

José Armando (nombre ficticio) lleva 12 años trabajando en la Secretaría y asegura que cuando se enteraron del cambio de proveedor de uniformes en 2020 y supieron sus características, no fueron por los uniformes ni por las botas.

“Si vas a comprar consumibles para el aparato de seguridad del estado, lo menos que puedes hacer es buscar si estas empresas gozan de buena o mala fama”, asegura el director ejecutivo de Transparencia Mexicana.

A esta serie de “irregularidades” se suma otra bandera roja: el precio por cada par de botas que se compraron en 2020 es el más alto que ha pagado la Sspcm de Tijuana en los últimos cinco años.

CSI Tactical incluyó, en 2019, dos modelos distintos de la marca especializada 5.11, una de las más conocidas por los agentes, quienes aseguran que hay una buena relación costo-calidad.

La marca Táctico, que fue la entregada por Probetex para los pantalones y camisolas de la Secretaría de Seguridad, tampoco es reconocida entre los oficiales. Pero estas quejas no son las únicas que ha recibido este proveedor de uniformes.

¿Proveedores confiables en la pandemia?

La entrega discrecional de recursos públicos llegó hasta la ciudad de Puebla cuando la Sspcm de Tijuana, encabezada en ese momento por Jorge Alberto Ayón Monsalve, contrató a un par de empresas de ese estado para comprar herramientas tecnológicas.

Esta compra se justificó por la puesta en marcha de un plan piloto para el llenado en línea del Informe Policial Homologado que llevó a cabo el Sesnsp, según diferentes oficios revisados.

Los más de cinco millones de pesos gastados en tabletas se quedan sin un uso real, porque la Sspcm termina destinando personal para “vaciar” en la plataforma federal los reportes que los policías generan diariamente.

Mizco Consultores nació en la ciudad de Puebla en noviembre de 2007 con un capital de apenas 50 mil pesos y un poco después de tres años, en febrero de 2011, esta cantidad ya superaba los 10 millones de pesos, según el Registro Público de Comercio.

Sus fundadores son Eduardo Izcoa Reyes y Moisés Arturo Villaverde Mier, quién a pesar de que en 2013 le donó sus acciones a su esposa María de la Luz Dávila Enríquez, firmó estos últimos contratos con el Ayuntamiento de Tijuana en calidad de administrador único.

La segunda empresa poblana beneficiada por la Sspcm de Tijuana fue Grupo Gencotech, registrada en 2014 por Pedro Rubén Mier Vargas y Hugo Juárez Salgado. Esta compañía fue creada en Cholula, Puebla, y tiene una estrecha relación con Mizco Consultores.

¿BUSCAS O VENDES ALGO? ¡ANÚNCIALO EN CLASIFICADOS!

Este centenar de aparatos costaron 22 millones 11 mil 609 pesos y fue la compra más alta que hizo el gobierno de Tijuana durante la pandemia, de acuerdo con la revisión de los contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Los equipos fueron entregados a la ciudad el 15 de agosto del 2020, y dos meses después, el Cabildo del entonces alcalde Arturo González Cruz, votó a favor de concesionar el servicio de multas electrónicas hasta por 10 años.

El Ayuntamiento argumentó que había una caída de ingresos a causa de la pandemia y el cobro digital de infracciones a los automovilistas ayudaría a la recaudación, además de evitar aglomeraciones en las oficinas de gobierno.

Finalmente, la concesión no se logró y los equipos para las multas operaron únicamente cinco meses, entre septiembre del 2020 y enero 2021, de acuerdo con información obtenida vía solicitudes de información.

Esos meses fueron suficientes para aumentar la elaboración de multas alrededor de 1,500 pesos por mes, en comparación con el mismo periodo de 2019. Desde 2016, la Sspcm no había recaudado tanto por infracciones, según las estadísticas de la Secretaría.

Este tipo de compras fueron hechas al mismo tiempo que la ciudadanía se veía envuelta en una ola de contagios por el COVID19 y los elementos policíacos no contaba con un solo elemento de protección para continuar con sus labores.

Estos contactos dentro del aparato de gobierno, ya sea con socios o trabajando directamente en la función pública, necesariamente tienen que ser revisados en cualquier compra gubernamental, asegura Transparencia Mexicana.

Lo que han encontrado, explica el director ejecutivo de la organización sin fines de lucro, es que los proveedores se “cartelizan”, y uno de ellos pide a sus competidores entregar propuestas más altas que la suya.

Y siguieron las compras

No solo eso, ni los bastones, ni las 911 lámparas Powertec M5, adquiridas por 1 millón 481 mil 577 pesos en el contrato ADQ-2020-AD-007FORTASEG, eran compras programadas.

Este dinero estaba destinado originalmente para el programa de prevención de violencia escolar, pero en octubre de 2020 la policía le pidió al Sesnsp redirigirlo al renglón de “Equipamiento”, según lo estipulado en el oficio 625/SSPCM/2020.

Esta no fue la primera vez que Elite by Carga vendió a la ciudad algún producto por encima del precio en el mercado.

“No puedo meter un Jeep Cherokee a corretear o bloquear una calle, le quito la parte táctica”, comenta.

El contrato fue firmado por Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, el empresario que la fundó en 2013, y quien en el pasado proceso electoral compitió por la alcaldía de Aguascalientes abanderando al partido Morena.

Además, IBN fue inhabilitada desde el 31 de marzo de 2021 para firmar contratos con entes gubernamentales por un periodo de dos años, informó la Secretaría de la Función Pública.

Y fue ese diciembre cuando enfermó de Covid-19 el oficial Blanco Anzures, luego de que sus superiores le ordenaron acudir a Issstecali por una lesión en la cabeza producto de la atención a un reporte de riña, recuerda su viuda Guadalupe García.

Por eso ella sostiene que murió en el cumplimiento de su deber, aunque el secretario de seguridad, Pedro Cruz, asegura que es difícil saber cuántos de los oficiales que murieron por covid-19 se contagiaron mientras vigilaban las calles.

Guadalupe sólo recibió el seguro del ayuntamiento que sirvió para los gastos provocados por la enfermedad, y del finiquito le notificaron que salió debiendo 2 mil pesos al municipio porque su esposo adeudaba equipo.

Por el contacto que tiene con otras viudas, ella estima que son alrededor de 30 los policías de Tijuana que murieron durante la pandemia mientras la Sspcm entregaba millones de pesos en contratos.

“Les están dando… una burla, una burla en la cara”, dice Guadalupe sobre los pagos a las familias.

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Agradecemos a Ernesto Aroche y al equipo de Lado B, en Puebla, su colaboración e importante apoyo en la realización de esta investigación.