*Consejero Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
En colaboraciones previas fui compartiendo los parámetros de los principios constitucionales en materia de derechos humanos: la Universalidad, Indivisibilidad, Progresividad y de manera amplia la Interdependencia; en esta ocasión hablaré, de manera muy específica, sobre el Derecho Humano a la Protesta desde un enfoque de vinculación con la Interdependencia.
Primero es necesario clarificar el concepto de la Protesta, esta, según la RAE, es la acción y efecto de protestar, definiéndose principalmente como la expresión de la queja, disconformidad, crítica o desaprobación ante algo, de tal suerte que este concepto converge de forma sistémica con la Libertad de Expresión, Reunión, Asociación, Petición e Igualdad y no discriminación -por citar algunos-, entonces, por un lado tenemos el concepto de Protesta, y por el otro vemos la vinculación que tiene con otros derecho, con ello surge una pregunta; ¿contamos con los elementos suficientes para garantizar estos derechos?, sobre todo porque la Protesta no es un fenómeno aislado sino un derecho interdependiente cuya función impone una obligación positiva al Estado, al tratarse de un mecanismo democrático.
Ahora bien, lo importante de acuerdo a esta primera reflexión es dimensionar los alcances y el sustento de la norma para poder garantizar aquellos derechos. En cuanto a lo establecido en un bloque de Convencionalidad; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y Jurisprudencia, como esta establecido en los cardinales uno, seis, siete y nueve de nuestra Carta Magna; 13 y 15 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y Criterios de la Corte Interamericana, el Derecho a la Protesta impone como medio de exigencia el respeto a los derechos humanos con un fin de proyección al ámbito público de atención y un manejo de cumplimiento; bajo la carga positiva de que el estado priorice en todo momento la obligación estadual.
Por otro lado, desde una interpretación derecho humanista como lo establecen las obligaciones estaduales, se enfatiza que el Estado tiene que Respetar, no reprimiendo, ni criminalizando, evitando cualquier estereotipo que genere duda o incertidumbre de quien o quienes ejercen su derecho; segundo, que el Estado Proteja, en el ejercicio de este derecho la protección toma un papel de relevancia, ya que el Estado debe impedir la intervención de terceros, o en su caso propiciar que los agentes del Estado o población no ejecuten la vulneración a los derechos humanos; tercero, Garantizar: el Estado debe otorgar la facilidad de entornos seguros y fuera de riesgos que impidan el libre ejercicio del derecho; cuarto, Promover: el estado debe crear canales de vinculación institucional que abran espacios de diálogo y atención absteniéndose de medidas restrictivas, enfocándose en cambios sociales y culturales.
En este contexto, debemos comprender que la protesta desde los enfoques colectivos, particulares, públicos, privados o por grupos históricamente discriminados, es un derecho interdependiente, que el Estado y quienes lo integramos debemos entender que es un medio de exigibilidad democrática, que amerita un enfoque diferenciado en su atención por la diversidad de desigualdades.
Por lo tanto, al gozar de un cobijo del bloque de constitucionalidad, de forma ampliada protocolos, es oportuno establecer que la Protesta, desde su esencia natural, sus desafíos no deben ser a partir de la contención, sino comprenderla desde un enfoque transversal como un derecho que prioriza la dignidad humana.
