No se trató solo de ampliar días. Se reconoció que el descanso es un derecho vinculado a la salud física, mental y familiar. Un trabajador descansado es más productivo, comete menos errores y tiene mayor compromiso.
Senadora de la República por el estado de Tlaxcala *
Hablar de las reformas laborales que México ha vivido desde 2018 no es referirse a ajustes administrativos ni a cambios cosméticos. Es hablar de un cambio de paradigma. De una decisión política de fondo que corrigió un rumbo que, durante décadas, debilitó a la clase trabajadora.
El modelo económico que predominó en México durante la época neoliberal priorizó la liberalización del mercado, la reducción del papel del Estado y la contención salarial como fórmula de competitividad. En la práctica, ello se tradujo en pérdida del poder adquisitivo, debilitamiento sindical, expansión de esquemas de subcontratación y precarización del empleo.
Lo que comenzó en 2018 fue una reivindicación del constitucionalismo social mexicano. Fue volver al espíritu del artículo 123 de nuestra Constitución: el trabajo no es una mercancía más, es una actividad humana que merece protección jurídica especial. Esa es la raíz del cambio.
La reforma laboral de 2019 marcó un antes y un después. Fue un rediseño institucional completo. Durante más de un siglo, los conflictos laborales se resolvían en Juntas de Conciliación y Arbitraje, órganos dependientes del Poder Ejecutivo que, con el tiempo, mostraron lentitud, discrecionalidad y percepciones de falta de imparcialidad. La asimetría de recursos colocaba con frecuencia al trabajador en desventaja.
La reforma trasladó la justicia laboral al Poder Judicial. Hoy los conflictos son resueltos por jueces laborales profesionales, con carrera judicial e independencia institucional. Además, se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con lo cual, la conciliación prejudicial obligatoria reduce tiempos y costos.
Hay que destacar que ahora la elección de dirigencias sindicales debe realizarse mediante voto personal, libre, secreto y directo. Los contratos colectivos deben ser legitimados por las y los trabajadores. Es decir, la libertad sindical dejó de ser una declaración formal para convertirse en una garantía operativa. La negociación colectiva hoy tiene respaldo democrático y mayor certeza jurídica.
Por otra parte, a partir de 2019 la política salarial cambió de orientación. El salario mínimo inició una recuperación histórica con incrementos reales sostenidos año con año. No fueron aumentos simbólicos, sino una recuperación acumulada significativa. ¿Cómo fue posible sin provocar descontrol inflacionario? Porque el salario había llegado a un nivel tan deprimido que su recuperación era una corrección necesaria; porque los incrementos fueron graduales y previsibles; y porque fortalecer el ingreso dinamiza el mercado interno.
Otro paso decisivo fue enfrentar la subcontratación abusiva. La figura en sí misma no es ilegítima, pero lo que se combatió fue su uso para simular relaciones laborales y diluir responsabilidades. Millones de trabajadores laboraban permanentemente para una empresa, pero estaban contratados por otra. Se fragmentaba la relación laboral, se afectaba la antigüedad y se limitaba el acceso pleno a derechos como el reparto de utilidades.
La reforma de 2021 estableció un principio claro: quien se beneficia del trabajo debe asumir la responsabilidad laboral directa. Se prohibió la subcontratación en actividades sustantivas y se permitió únicamente en servicios especializados ajenos a la actividad principal.
En el Senado de la República, cientos de trabajadoras y trabajadores que durante años estuvieron subcontratados hoy cuentan con reconocimiento formal, estabilidad y acceso pleno a derechos. Pero la transformación también alcanzó el derecho al descanso. Hasta 2022, México tenía uno de los esquemas de vacaciones más restrictivos entre economías comparables: apenas seis días tras el primer año de trabajo. La reforma duplicó ese piso a 12 días desde el primer año y estableció una progresión más favorable.
Si observamos el conjunto de estas reformas, lo que vemos no es una suma aislada de medidas, sino la construcción de una nueva arquitectura laboral. Justicia imparcial, democracia sindical auténtica, salario digno, fin de la simulación laboral y estándares más altos de bienestar.
La transformación laboral de México responde a una convicción profunda: no hay desarrollo sostenible sin justicia social. Y el trabajo —como lo entendieron los constituyentes de 1917— debe estar en el centro del modelo económico. Ese es el cambio de paradigma. Ese es el nuevo rumbo.
