Las recientes intervenciones de Claudia Sheinbaum, Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez trascienden la retórica diplomática para configurar un manifiesto coherente del progresismo en el siglo XXI. El punto de partida de este planteamiento es un diagnóstico ineludible: el orden global atraviesa una crisis sistémica precipitada por el agotamiento estructural del Consenso de Washington. Como advirtió Sánchez, la ortodoxia neoliberal colapsó en 2008, pero sus secuelas continúan definiendo el presente. Aquel modelo de libre mercado sin Estado prometió prosperidad universal, pero, en palabras de Lula, terminó entregando desigualdad, hambre e inseguridad.

Este profundo vacío de expectativas ha gestado una era donde el malestar ciudadano es hábilmente instrumentalizado por una internacional reaccionaria. En un ecosistema social dominado por el capitalismo de vigilancia y los monopolios tecnológicos, la extrema derecha no ofrece soluciones materiales; en su lugar, comercializa la frustración canalizando el odio hacia los sectores más vulnerables para proteger los privilegios de las élites. A este deterioro del tejido democrático interno se suma un multilateralismo paralizado, evidenciado en un sistema de Naciones Unidas secuestrado por potencias que priorizan el financiamiento de la guerra sobre la mitigación de la emergencia climática o la pobreza.

Frente a la degradación de una democracia liberal reducida a trámites procedimentales y capturada por intereses corporativos, la respuesta articulada desde el progresismo es la “democracia popular”, un concepto definido con nitidez por Claudia Sheinbaum. Este paradigma desplaza el eje del poder hacia la materialidad de la vida cotidiana, bajo la premisa innegociable de que la libertad es una promesa vacía si no está anclada en la justicia social. En la práctica, esto exige democratizar el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el tiempo de vida. Demanda, además, una institucionalidad empática que trascienda la frialdad tecnocrática, reivindique la memoria histórica y conciba el bienestar colectivo como el fin supremo del Estado, operando bajo una política exterior de soberanía pacifista.

Si bien el progresismo europeo libra hoy una batalla indispensable para recuperar el orgullo democrático y contener el avance reaccionario, los mensajes desde Barcelona revelan que la verdadera vanguardia —y el principal territorio de disputa— de esta transformación se encuentra en América Latina. La región ha dejado de ser un laboratorio pasivo para convertirse en el escenario donde colisionan frontalmente dos modelos antagónicos. Por un lado, irrumpen proyectos de ultraderecha que ofrecen falsas salidas a la crisis: la Argentina del shock anarcocapitalista, empeñada en desmantelar el Estado y asfixiar la protección social, y El Salvador del autoritarismo punitivista, que cimenta su modelo intercambiando seguridad por la suspensión sistemática de garantías constitucionales y la erosión democrática. En abierto contraste, el bloque progresista liderado por Brasil y México demuestra que la gobernabilidad no exige sacrificar los derechos humanos ni doblegarse ante el mercado. Con un liderazgo que, a través de Lula da Silva, exige desmantelar la asimetría de instituciones globales como el FMI, este progresismo ejerce el poder comprobando empíricamente que es posible elevar los salarios, someter a las élites económicas al escrutinio democrático y forjar un nuevo pacto social.

La salida a la actual fragmentación y deterioro cognitivo y material no reside en la nostalgia por el viejo orden liberal, sino en la audacia de este nuevo progresismo impulsado desde el Sur, decidido a recuperar la soberanía del Estado para garantizar el futuro de las mayorías.