La cuestión laboral estuvo —durante muchos años— ausente en la agenda de atención gubernamental. Ocurrió así, en buena medida, por el arreglo político de que los mercados de trabajo se “pueden regular solos”. De tal suerte, el entorno laboral en México se profundizó como “poco favorable” para las y los trabajadores, al menos en el período de los años 80 hasta el año 2019. El modelo por el que se optó durante dicho período fue caracterizado por la flexibilización; esta elección avaló el supuesto de que regulaciones bajas, estándares mínimos sobre condicionales laborales, salarios bajos, entre otros elementos, favorecían la competitividad del país y con ello la capacidad de atracción de inversiones que —al final de cuentas— redundaban en mayor oferta de empleo.

Durante ese período las escasas reformas legislativas persiguieron el objetivo de modificar el régimen laboral que —a juicio de los más escépticos de la función esencial del Estado— impedía el crecimiento económico y la creación de empleos. De tal suerte, reformas como la del año 2012 permitieron nuevas formas de contratación, aunque dejaran en un estado de indefensión o vulnerabilidad a las y los trabajadores. El razonamiento que está detrás —como lo he señalado— es en realidad un arreglo político que desembocó en la precarización de las condiciones laborales en México.

Esto cambió tras 2018 con el cambio en el poder, dado que una de las principales agendas de la coalición política ganadora fue, precisamente, la agenda de lo laboral. Así, colocaron en la discusión pública temas trascendentales como: la eliminación de la figura de la subcontratación (outsourcing), el incremento del salario mínimo, la independencia sindical, y la reducción de la jornada laboral semanal. La totalidad de estos asuntos demostró la prioridad dada al problema del empleo en México y la capacidad gubernamental para atenderlo.

Sobre el primer asunto (la prohibición de la subcontratación) la reforma entró en vigor en septiembre de 2021 y con ello reactivó la posibilidad de que las y los trabajadores tuvieron acceso a los derechos de un trabajo formal a partir de su empleador directo. Sobre el segundo asunto (el incremento anual del salario mínimo) su incidencia fue notoria en la reducción de la pobreza y el aumento del poder adquisitivo real; el salario mínimo aumentó consistentemente, en 2019 fue de 16.2 %, en 2020 de 20 %, en 2021 de 15 %, en 2022 de 22 %, en 2023 de 20 % y en 2024 de 20 %. En relación con el tercer asunto (la independencia sindical) la reforma de 2019 definió como indispensable que las y los trabajadores tengan certezas y garantías relacionadas con la libertad sindical, la democracia en la elección de líderes y la negociación colectiva.

Estos proyectos, quizás los más importantes en la materia, demuestran el punto de inflexión en la atención del problema del empleo en México. Fue, en realidad, un cambio de paradigma; el tránsito de la desatención a la prioridad. Modificó el entendimiento del tema y colocó como indispensable el hecho de mejorar las condiciones de las y los trabajadores.

En perspectiva comparada, los datos más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalan que México es uno de los países donde las personas dedican más tiempo de sus vidas a sus empleos. Es un total de 2,226 horas trabajadas al año, una cifra superior respecto a países como Costa Rica, Chile, Israel o Rusia. Esto significa —para dimensionar el tamaño del problema— que México tiene cerca de 500 horas más que el promedio de la OCDE, y casi 900 horas más que un trabajador promedio en Alemania.

La inversión de tiempo y la desproporción para el tiempo de vida personal, esparcimiento y familiar contrasta con los datos de mediciones de productividad en los que México tiene los registros más bajos de la OCDE. La mayor parte de los países miembros de la organización tienen esquemas laborales que les permiten mediar el tiempo de trabajo con vida personal, y eso provoca mejores rendimientos por hora trabajada y alza de la productividad. Los países con mayor productividad de la OCDE tienen jornadas laborales cercanas a las 35 horas semanales y el límite legal de horas semanales normales se establece en 40 horas a la semana.

Cabe señalar la pertinencia política de la medida y la capacidad de negociación necesaria para la implementación de una medida de esta naturaleza. Es un signo más de que el “trabajo” en tanto indispensable para la vida de las personas está en evaluación constante y es sujeto —afortunadamente— de cambios y transformaciones.