Sin verdad no hay justicia
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El derecho a la verdad es un derecho autónomo e inalienable, relacionado con el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y garantizar recursos efectivos y reparación; el cual en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido entendido como una justa expectativa que el Estado debe satisfacer a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares.
Sin embargo, ante la ausencia del deber y obligaciones por parte del Estado mexicano, se ha vuelto una labor cotidiana que sean las víctimas, es decir, las propias familias quienes salen en las condiciones más adversas y peligrosas para buscar la verdad, encontrar rastro de sus seres queridos, una labor que muchas mujeres, madres buscadoras en su mayoría realizan en todo el país.
Desde hace 24 años, el caso de Lilia Alejandra sigue sin resolverse, pero su madre Norma Andrade no se rinde, misma que ha denunciado las irregularidades, omisiones y negligencias durante las investigaciones, así como la corrupción del sistema, pero también justicia para que las familias de las víctimas de feminicidios, incluidas las infancias, tengan un estatus reconocido.
Las víctimas de violaciones de derechos humanos deben poder acceder a un recurso efectivo para reclamar judicialmente su derecho a la verdad. Este recurso incluye el derecho a una investigación efectiva y a la verificación de los hechos. Se trata de un derecho inalienable referido a tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación. Por tanto, este derecho no solo es individual sino colectivo.
Toda víctima tiene derecho a conocer la verdad sobre las violaciones que le afectan, pero la verdad debe comunicarse también a la sociedad, y aunque en México se cuenta con un importante marco jurídico e institucional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, derivado de la sentencia emblemática conocida como Campo algodonero, incluso se suman las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dejan clara la forma en que se deben investigar los feminicidios, la realidad es que hoy Norma Andrade ha llevado el caso de su hija Lilia Alejandra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que implica que nuevamente el estado mexicano tenga por segunda ocasión una sentencia condenatoria, esperando que después de la verdad se haga justicia, que se reparen los daños y no se repitan. No más feminicidios.
Consejera de la CEDHT
