*Andrés Corona Hernández
Al momento de escribir este artículo no se sabe cuál será el desenlace de la de reforma electoral propuesta, pero sin duda modificará la forma de organizar las elecciones, por lo menos, como la conocemos hasta ahora.
*Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala
Si se revisa la historia de las reformas electorales en México, se podrá observar que todas se propusieron desde la oposición, si acaso la de 1946 con los diputados de partido propuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante la falta de representación en el Poder Legislativo de los partidos distintos al gobernante.
La siguiente reforma electoral de mayor calado llegó en 1977 como una exigencia de los partidos de oposición ante el dominio abrumador del partido en el poder. En esta reforma electoral se consideraron por primera vez a los partidos políticos como entidades de interés público y se hicieron acreedores a financiamiento público; además, se legalizó, en el sistema de partidos, al partido comunista que había permanecido en la clandestinidad.
El propósito era hacer un sistema de partidos más competitivo, aunque la organización de las elecciones estaba en manos del partido gobernante, lo que resultó en una tarea cuesta arriba para la oposición que buscaba espacios de representación en un sistema de gobierno y de partidos controlado por el gobierno y por el ejecutivo en particular. Para 1986, se introdujo la representación proporcional en el Senado de la República y se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL), porque el colegio electoral seguía funcionando y, con ello, la auto calificación.
¿Cómo estaba la organización de las elecciones? En 1951 se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, para que pudiera arbitrar el registro de nuevos partidos políticos y emitir constancias de mayoría. Esta Comisión funcionó hasta 1973, cuando el Congreso de la Unión aprueba la creación de la Comisión Federal Electoral. En este órgano participaban con voz y voto los representantes de todos los partidos políticos con registro legal.
Con la reforma electoral de 1977 se creó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) que modificó la integración de la Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos políticos registrados, ya fuera bajo la figura de registro condicionado o definitivo en igualdad de condiciones. La Comisión quedó conformada por el secretario de Gobernación; un representante de cada una de las cámaras legislativas; un representante de cada partido político con registro y un notario público. La Comisión Estatal Electoral estaba formada por cuatro comisionados designados, por sorteo, por la Comisión Federal entre listas de candidatos propuestos por el Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores, con voz y voto. El Comité Distrital Electoral estaba formado por un Comisionado de cada uno de los partidos políticos sólo con voto. Y se creó el Registro Nacional de Electores.
Con algunas variaciones, este sistema electoral funcionó hasta 1990, antes de la creación del Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, tampoco desapareció la influencia y control del gobierno a través del Poder Ejecutivo, ya que, la presidencia del Consejo General recayó en el secretario de Gobernación. Es hasta 1996, en que es plena la autonomía del entonces Instituto Federal Electoral, cuando el gobierno sale del Instituto y es un órgano totalmente ciudadano; el Servicio Profesional Electoral se consolida como la base del funcionamiento en órganos centrales, locales y distritales y alcanzó su máximo esplendor a través del reconocimiento no sólo nacional, sino internacional, sobre la organización de las elecciones.
Regresando a la organización de las elecciones, los órganos temporales no aseguran eficacia en las actividades que realizan, el tema electoral no es sobre si las elecciones son baratas o caras, sino que deben dotar de certeza el resultado sin cuestionamientos, que no lleven a conflictos poselectorales. Desaparecer las juntas distritales implica echar por la borda el Servicio Profesional Electoral (SPEN) en aras de ahorrar unos pesos y es poco sensible a la eficiencia y eficacia en la logística electoral; significa regresar en el tiempo cuando había un partido hegemónico y hasta de Estado, que tenía el control de los órganos electorales y aseguraba el resultado antes de que fuera la jornada electoral.
