A tan solo dos meses de la primera elección judicial en México, es importante dar seguimiento a los referentes internacionales que existen. Si bien ningún país elige a la totalidad de personas juzgadoras, hay experiencias puntuales con las cuales podemos comparar las características de nuestra ley para prevenir puntos críticos en los que las autoridades deben prestar especial atención.

Es el caso de las elecciones que se celebraron el pasado martes en Wisconsin para elegir a un/a integrante de la Suprema Corte estatal. Si bien hay entidades en las que los institutos políticos pueden postular candidaturas, este estado es uno de las trece en los que las personas ministras se deciden en votaciones populares no - partidistas.

Quienes compiten por un espacio en el máximo tribunal de Wisconsin deben tener licenciatura en derecho y cinco años de experiencia ejerciendo la profesión en la entidad. El cargo dura diez años, pero los relevos están calendarizados, de manera que el trabajo jurisdiccional es bastante estable.

Puntualicemos algunos contrastes con la elección de personas juzgadoras en México. Primero, habría que señalar la experiencia. La Constitución de ese estado estableció la elección de su Corte desde 1848, mientras que las elecciones judiciales en México, tanto federales como locales, fueron normadas apenas hace unos meses.

Ahí una segunda característica: la posibilidad que tuvo nuestro país de aprender de otras experiencias. En Wisconsin, las candidaturas son decididas en elecciones primarias, de manera que no hay una evaluación técnica que garantice su idoneidad. En el caso mexicano, las candidaturas son postuladas por comités que, al interior de cada poder, evalúan su solvencia profesional a partir de criterios fijos.

Pero es la simulación la característica más evidente de la elección de personas juzgadoras en Wisconsin. Si bien la constitución local prohíbe la participación de los partidos, en la práctica éstos apoyan abiertamente a las candidaturas, de manera que el electorado sabe con claridad cuál es la propuesta republicana y cuál la demócrata. No se necesitan emblemas en la boleta para esa identificación.

La no tan velada participación de los partidos suele ocurrir a través de manifestaciones públicas en favor de las candidaturas, donativos a las campañas y publicidad. Las pocas limitaciones que tienen los partidos para financiar las campañas judiciales son subsanadas por organizaciones civiles afines que compran espacios en radio, televisión y redes sociales para promocionar a sus aspirantes o atacar a sus adversarios.

Resulta interesante que la elección de Wisconsin fue la más cara en la historia de los comicios judiciales en Estados Unidos: $98 millones de dólares. Fue particularmente notoria la intervención del magnate Elon Musk, quien rifó cheques millonarios en eventos que apoyaban al candidato conservador, Brad Schimel, respaldado por los republicanos. A pesar de la intevervención directa, Susan Crawford, la aspirante liberal ganó con el 55% de la votación.

De ahí la importancia que las leyes mexicanas prohíban la participación de los partidos en las elecciones judiciales y que impidan toda contribución monetaria externa a las candidaturas. Es el gasto personal el único autorizado en estas campañas y que, en nuestro país, están limitados por topes establecidos por la ley y fijados por los institutos electorales.