Desde el inicio de la transmisión en 2025 y hasta febrero de 2026 se han acumulado alrededor de nueve mil casos confirmados y más de veinticinco defunciones asociadas. No son números menores. Son señales claras de debilitamiento institucional.
La salud pública en México está enferma por decisiones y omisiones acumuladas en los últimos siete años. Mientras millones de personas han enfrentado retrocesos en servicios esenciales, el gobierno ha priorizado otros rubros presupuestales, en contraste, la pensión universal para adultos mayores se convirtió en un derecho social después de un proceso que inició desde gobiernos impulsados por el PRD, que fue el partido que empezó a ejercer este programa primero en municipios y posteriormente en entidades federativas enteras, sentando las bases de lo que después se convertiría en política nacional.
Cuando hablamos de salud como derecho fundamental, los resultados son preocupantes. En el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador desapareció el Seguro Popular y fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, una reingeniería institucional que no logró consolidar cobertura ni certidumbre en el acceso a medicamentos y atención especializada. Posteriormente el propio modelo fue reemplazado por el esquema IMSS Bienestar, confirmando que la transición inicial no funcionó.
Si a esto sumamos la deficiente respuesta ante la pandemia de COVID 19, el balance es todavía más grave. México registró oficialmente más de 300 mil muertes confirmadas y las estimaciones de exceso de mortalidad superan las 500 mil defunciones asociadas al periodo crítico, lo que colocó al país entre los de mayor impacto absoluto a nivel mundial, dejando millones de deudos y una herida social abierta.
Hoy enfrentamos otro reto sanitario que no es menor, México atraviesa un brote regional de sarampión, enfermedad prevenible por vacunación desde hace décadas y frente a la cual nuestro país había sido reconocido como territorio libre de transmisión endémica en 2016 en el marco de la certificación regional de la Organización Panamericana de la Salud. Haber pasado de ese reconocimiento internacional a encabezar cifras de contagio en la región debería obligar a una revisión profunda.
El resurgimiento no es casual. Para mantener inmunidad colectiva se requieren coberturas iguales o superiores al 95 por ciento con la vacuna triple viral. México llegó a tener niveles cercanos a ese umbral, pero en los últimos años se registraron descensos importantes en diversas entidades federativas. Cuando la cobertura cae, el virus encuentra espacio y se propaga.
En México, alrededor de 95 millones de personas, tres de cada cuatro habitantes, tienen menos de 50 años según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Si sumamos los grupos quinquenales de 0 a 49 años, obtenemos aproximadamente 75 por ciento de la población total, es decir cerca de 94.5 millones de personas sobre un total de 126 millones. La enorme mayoría del país se encuentra en edades donde la revisión del esquema de vacunación es crucial.
Cuando hablamos de brechas en vacunación no hablamos de estadísticas abstractas. Hablamos de niñas, niños y adultos jóvenes que no debieron enfermarse si el sistema de salud hubiera mantenido coberturas adecuadas y esquemas completos. El sarampión puede provocar neumonía severa, encefalitis y daño neurológico permanente, secuelas que acompañan a las familias durante toda la vida.
Y todo esto ocurre a pocos meses del inicio del Mundial de Futbol 2026, que arranca el 11 de junio y tendrá a México como sede del partido inaugural. Es evidente que el Estado mexicano busca contener el brote también bajo la presión de la mirada internacional, nadie quiere exhibirse frente al mundo como un país que dejó regresar una enfermedad que ya había eliminado. Pero vamos contra el tiempo.
La salud pública no puede administrarse pensando en calendarios deportivos ni en reputación internacional. Cuando la prevención falla, el costo no lo paga un gobierno, lo paga la población. Y si el sarampión sigue avanzando, no solo será un problema epidemiológico, será un símbolo del deterioro institucional que puede terminar marcando el marcador político.
