Por eso es relevante la reciente aprobación y publicación de la reforma a la Constitución Política del Estado de México. La entidad más poblada del país está ya en la ruta de elegir alrededor de 148 cargos judiciales el primer día del mes de junio.
A pesar de los retos, hay razones para ser optimistas. La elección extraordinaria 2025 llegará a buen puerto porque se cuenta con los activos institucionales para lograrlo.
El proceso electoral extraordinario 2024-2025 de personas juzgadoras en México marca un hito sin precedentes. Aunque en países como Estados Unidos, Bolivia y Suiza algunos cargos judiciales se eligen por voto popular, nuestro país busca implementar esta práctica a nivel nacional y local de una manera ambiciosa. México será el primer país del mundo en que la totalidad de impartidores e impartidoras de justicia serán electos.
El proceso ha sido bien documentado en el ámbito federal. Serán seis boletas –con máximo 10 cargos em disputa en cada una– por las que el electorado elegirá a miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina Judicial, Magistraturas y Juzgados.
Pero en las entidades federativas el avance es menos contundente. La Carta Magna dio un plazo de 180 días para que los congresos estatales decidieran si renovarán una parte de los cargos locales en el 2025 o esperarán al 2027 para elegirlos en su totalidad. A la fecha, 15 estados y la Ciudad de México han aprobado cambios a sus constituciones locales para hacer posible la elección de personas juzgadoras en el ámbito subnacional.
Por supuesto hay desafíos importantes, como la temporalidad. En la primera quincena de enero entrarán en vigor las modificaciones necesarias al Código Electoral para poder operar una elección de esta magnitud. En una elección normal, el marco normativo se conoce con meses o años de antelación: ahora contaremos con menos de cinco meses para diseñar, presupuestar e implementar la elección.
Además, las elecciones locales enfrentan retos específicos. A diferencia de lo que ocurre en el INE que tiene Juntas permanentes, el Instituto Electoral del Estado de México tendrá que instalar órganos desconcentrados temporales en todo el territorio para lograr un despliegue y recolección de paquetes detallada y segura.
Por un lado, debe mencionarse la estrecha coordinación entre autoridades federales y locales. El modelo es único en el mundo y garantiza que instituciones con distintos ámbitos competenciales lleven a cabo elecciones apegadas a los más altos estándares de calidad. Próximamente se negociarán convenios de colaboración entre el INE y los institutos locales para reproducir sinergias en la elección judicial. Esta colaboración facilitará la emisión del sufragio con costos razonables.
Por otro lado, tenemos la experiencia de las instituciones democráticas mexiquenses. En perspectiva, para las elecciones del 2024, más de 7,700 candidaturas compitieron por las diputaciones y cargos en ayuntamientos en disputa. Ello permite anticipar que se cuenta con la capacidad de solventar las poco más de 1,300 que podrían buscar un cargo este 2025.
Pero más allá de las labores de las autoridades electorales, el mayor reto podría estar en el electorado. Hasta el momento, las estrategias de educación cívica en nuestro país no han priorizado el entendimiento del Poder Judicial. La ciudadanía tendrá que hacer un esfuerzo importante para informarse al respecto, además de explorar las candidaturas con sus respectivas propuestas para emitir un voto informado. En el IEEM pondremos en marcha instrumentos para concentrar la información y ponerla al alcance de todas y todos.
A pesar de los obstáculos, este proceso representa una oportunidad para fortalecer la democracia mexicana. Las elecciones judiciales extraordinarias de este año abren un nuevo capítulo en nuestra historia. La tarea como autoridades electorales es garantizar un proceso legal, justo y auténtico para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos a plenitud.
