Una vez más se comprobó lo que todos ya sabíamos: los “diálogos por la reforma judicial” fueron una mera simulación para justificar la reforma que el Presidente envió al Legislativo con la orden de aprobación inmediata, misma que los diputados y senadores no están dispuestos, ni de broma, a desobedecer (curiosamente son los mismos que en otros sexenios reclamaban la injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, en fin).
Este fin de semana se difundió el dictamen que se presentará para análisis, y pese a que en todas las sesiones de los diálogos se hizo ver que la elección de jueces por voto popular no es la mejor opción para el sistema de justicia, este mecanismo no solo va sino que se “refuerza” con una tómbola aunque eso no es lo peor, los requisitos para acceder al cargo de juez, magistrado o Ministro son parte de la verdadera preocupación.
Así como suena, el dictamen que se difundió este fin de semana pretende incluir en la Constitución una tómbola como mecanismo para depurar la lista de postulantes a cargo de Ministro o magistrado del tribunal electoral si esta es muy extensa; y a pesar de que lo más llamativo ha sido ese mecanismo de selección, el trasfondo está en los requisitos para ser participar porque siendo todos prácticamente del mismo perfil, quien salga en la tómbola es lo de menos.
De inicio el dictamen propone la renovación total e inmediata del Poder Judicial. Apenas aprobada la reforma y publicado el decreto se convocará a elecciones para 2025 y después habrá una segunda ronda de votación en 2027 aunque en menor proporción; el proceso de elección implica que las boletas incluyan en la parte posterior los nombres de los postulantes y de ahí los votantes acudan a seleccionar el que mejor les plazca para anotarlo de su puño y letra en el cargo que mejor considere (como si la gente común pudiera distinguir entre un juez de distrito y un magistrado de sala superior; vamos que ni siquiera pudieron identificar a los candidatos de la elección pasada).
Para ser parte de dicha lista no se necesita mayor experiencia laboral que cinco años, haber concluido la licenciatura en Derecho y tener una calificación final mínima de 8.0 (para hacerse una idea, en la mayoría de las maestrías importantes el mínimo de aceptación es 8.5; será más difícil acceder a una maestría que a un cargo en el Poder Judicial) pero además una calificación mínima de 9.0 “en las materias relacionadas al cargo”… sean cuales quieran que sean estas, porque eso no queda estipulado.
Bajo lo que indica el dictamen de la reforma judicial, los ministros ya no elegirán al presidente de la Suprema Corte sino que este será determinado por elección popular: el Ministro que haya obtenido más votos en el proceso electoral será el presidente y fin de la discusión (la experiencia, conocimiento, trayectoria y capacidad se vuelven innecesarias; la popularidad es lo que cuenta); este se mantendrá en el cargo por dos años y luego le pasará la estafeta al segundo más votado y así.
También se elimina el impedimento de “ser magistrado electoral federal” para ser Ministro de la Suprema Corte; esto abre la puerta al pago de favores para que los magistrados electorales puedan intercambiar fallos favorables a los partidos con más número de votantes a cambio de apoyos posteriores para convertirse en Ministros de la Corte. Adiós a la de por sí cuestionable imparcialidad y confiabilidad de las decisiones judiciales en materia electoral.
Los Poderes Legislativo y Ejecutivo podrán meter mano en la evaluación de aspirantes al Poder Judicial con la creación de Comités conformados por 5 integrantes (a ver cómo lo definen entre diputados y senadores porque 2.5 y 2.5 no se puede) y el único requisito para ser parte del Comité es ser “reconocido en la actividad jurídica” (¿reconocido por quién o bajo qué criterio? ¡Qué importa!); cada Comité define sus propios criterios para evaluar a los aspirantes así que mientras el Judicial puede buscar trayectoria y conocimiento, el Legislativo puede hacerlo por recomendación y el Ejecutivo pues por mandato del dedo divino.
Cada Comité propondrá una lista de 10 personas para cada cargo de Ministros, magistrados del Tribunal Electoral Federal y Tribunal de Disciplina Judicial, o sea 30 ¡POR CARGO! Esto lo resalto porque, para darnos una idea, se estipula que habrá 9 Ministros, solo para su elección deberá haber 270 propuestas; más absurdo aún en la selección de magistrados de circuito y jueces de distrito, ahí la propuesta será de seis por cargo; sí, por cada uno de los 1 mil 633 puestos a ocupar para magistrado y 427 jueces de distrito; un total de 12 mil 360 propuestas que deberán ser incluidas en la boletas para votarlos (ya ni mencionar que los cinco integrantes de cada Comité deberá evaluar los requisitos de muchos más aspirantes pero ahí entra la tómbola).
Si después de la evaluación de los Comités, los aspirantes siguen superando el número máximo de postulantes a cada cargo, entonces viene la tómbola y así se definirá a las propuestas finales. Juzgadores por tómbola porque ni modo que de sus decisiones dependa la vida de personas que pueden ser acusadas falsamente y el destino de sus familias; así que dado que se trata solo de un puesto de trabajo: ¡Qué diablos! Que el azar lo determine y listo.
Los aspirantes aprobados harán campaña (sí, más campañas electorales, porque ya se sabe que eso falta en el país) pero lo tendrán que hacer con recursos propios porque no habrá dinero público y no pueden recibir dinero privado (sí, cómo no); tampoco pueden contratar tiempo en televisión, radio o cualquier medio de comunicación (no se estipula si aquí se consideran redes sociales), pueden acceder al tiempo público pero con 12 mil 360 propuestas o más, ni de un comercial por aspirante alcanzaría; ah y los partidos no pueden ayudar a los aspirantes (y sabemos que los partidos respetarán esta instrucción, obviamente).
Aún hay más detalles de la reforma que involucran cambios importantes como otorgarle al Poder Judicial la facultad de investigación o los mecanismos para sancionar abusos que, por espacio, no alcanzamos a tocar; no obstante lo mencionado da cuenta de lo absurdo de la propuesta y de lo grave que es el dictamen que se presentará (y seguramente aprobará, porque es instrucción del Ejecutivo al Legislativo), lo que anuncia la llegada de la época más kafkiana del sistema judicial y un peligro real para la vida democrática del país, que pareciera importarle cada vez menos a la gente, por cierto.
