En nuestro país el financiamiento público debe predominar sobre el privado. Esto evita que lleve ventaja quien tenga mayores recursos económicos. La ciudadanía debe tener acceso a todas las propuestas y planteamientos para nutrir la voluntad que expresa en las urnas.
La eventual reforma electoral mexicana ya tuvo sus primeros logros. Trajo a la discusión pública temas muy técnicos que antes permanecían acotados a un grupo pequeño de especialistas. De mantenerse así, este debate ciudadano fortalecerá el involucramiento en las cuestiones públicas y, por tanto, dará mayor riqueza a nuestra vida en comunidad.
En ese contexto, hay un tema que ha generado confusión. Hay quienes tienen dudas sobre el destino de los recursos que se asignan a las instituciones electorales del país. Hay, también, preocupación de que el eventual arribo de nuevos partidos encarezca aún más la política. El ejemplo del Estado de México es pertinente para poder esclarecer ambos temas.
Para el ejercicio fiscal 2026, el presupuesto aprobado al IEEM asciende a poco más de mil setecientos sesenta millones de pesos. De ese total, cerca del sesenta por ciento, es decir más de mil millones de pesos, corresponde al financiamiento público de los partidos políticos. Se trata de recursos que el Instituto debe transferir íntegramente.
Este punto es relevante porque permite distinguir dos bolsas claramente diferentes. Una es decreciente y se destina al funcionamiento del órgano electoral. La otra se canaliza a los partidos políticos y se calcula mediante una fórmula prevista en la legislación electoral.
En términos generales, la ley establece que la bolsa total de financiamiento a partidos se obtiene a partir de dos variables objetivas: el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el tamaño del padrón electoral. Esto explica por qué el monto del financiamiento no aumenta por la existencia de nuevos partidos, pero sí lo hace cuando hay inflación o cuando aumenta la cantidad de personas de 18 años o más.
Una vez definida la bolsa total, la ley establece cómo se distribuye entre los institutos políticos. Por un lado. el 30% del financiamiento se reparte de manera igualitaria entre todos los partidos con registro. Por otro, el 70% restante se distribuye de forma proporcional a la votación obtenida en la última elección de diputaciones, reconociendo así el respaldo ciudadano expresado en las urnas. Esta fórmula garantiza un “piso mínimo” para que todas las fuerzas políticas se puedan sostener y, en su caso, desempeñar las funciones que la Constitución les exige.
La existencia de financiamiento público no es una particularidad mexicana. La Comisión de Venecia, por ejemplo, ha destacado que muchos países europeos otorgan recursos públicos a sus partidos, a efecto de proteger la equidad en la competencia política. El objetivo central es evitar que el acceso a recursos económicos sea el factor decisivo para ganar una elección y reducir la dependencia excesiva de aportaciones privadas.
La discusión sobre el financiamiento a los partidos es legítima y necesaria en toda democracia. Puede y debe revisarse. Pero ese debate resulta más constructivo cuando parte de información clara: los montos no se fijan de manera discrecional, no crecen por la aparición de nuevos partidos, y su distribución responde a reglas conocidas que combinan equidad y representatividad.
Sobra decir que el uso de estos recursos por parte de los partidos es fiscalizable. Si bien hay todavía áreas de oportunidad que deben solventarse para garantizar que todos los recursos se apliquen conforme a la norma, lo cierto es que el proceso de revisión mexicano es uno de los más avanzados. La claridad presupuestal no solo fortalece la rendición de cuentas, sino también la confianza ciudadana en las reglas del juego democrático.
