La exposición a la información influye significativamente en la confianza hacia las instituciones públicas, en virtud de que las personas formamos nuestras sus percepciones a través de diferentes medios y fuentes, incluidas las conversaciones interpersonales, el consumo de medios tradicionales, las redes socio digitales y la comunicación institucional directa, indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En los resultados de la encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y el Caribe (noviembre 2025), se subraya que la información que recibimos -especialmente la relativa a las políticas y procesos de gobierno- “configura cómo la gente entiende al gobierno y a los organismos públicos”, y afecta los niveles de confianza, particularmente ante fenómenos como: divulgación de información engañosa, comunicación polarizada y cámaras de eco, por mencionar algunos.
Por ello -señala la OCDE- es fundamental que se promueva información precisa y basada en evidencia, de manera que la ciudadanía podamos tomar decisiones informadas y ejercer nuestros derechos, además de que se fortalecería la confianza en las instituciones públicas. Y precisamente un problema que socava esa confianza es la corrupción. En México sigue siendo un problema grave.
Datos recientes del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 -elaborado por Transparencia Internacional-, indican que nuestro país obtuvo una puntuación de 27/100, ubicándonos en el lugar 141 entre 182 naciones, por debajo del promedio regional de América Latina de 42 puntos. Además del posicionamiento internacional, un aspecto fundamental del problema es el impacto económico de la corrupción, que -en el caso de México- equivale a cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), superando los 500 mil millones de pesos anuales, y afecta actividades esenciales como educación y salud, por mencionar dos fundamentales para el desarrollo del país.
En ese contexto -poco alentador-, es fundamental que las instituciones públicas hagan esfuerzos para cambiar la narrativa, al destacar a personas servidoras públicas honestas y reconocer a instituciones que realizan acciones para combatir ese problema. Divulgar casos de personas que hacen bien su trabajo, puede inspirar la confianza ciudadana, alentar la participación social y resaltar la profesionalización del servicio público.
Como ejemplo reciente, el Sistema Anticorrupción del Estado de México desarrolla la campaña: “Orgullo de Servir Bien” para reconocer a quienes en el servicio público destacan por su ética, profesionalismo e integridad. La estrategia visibiliza historias reales de funcionarias y funcionarios que, desde distintos ámbitos de la administración pública estatal, contribuyen a la prevención y combate a la corrupción mediante su desempeño cotidiano.
De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción, se divulgan cápsulas en redes sociales institucionales —X, Facebook, Instagram y TikTok, bajo el usuario @SESAEMM—, en el que las personas servidoras públicas comparten su visión al responder preguntas como: “¿Qué hace para combatir la corrupción desde su ámbito? ¿Qué legado le gustaría dejar en el servicio público? y ¿Qué consejo le daría a otras personas servidoras públicas?”.
Ojalá que el esfuerzo del SESAEMM sea replicado por entes públicos que tienen responsabilidades en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, bajo un esquema de colaboración interinstitucional, y se extienda el esfuerzo a otros canales de comunicación, porque -sin duda- urge recuperar y fortalecer la confianza en el gobierno y los organismos públicos.
En América Latina, la ciudadanía confía más en los medios de comunicación (42%) que en los gobiernos nacionales (35%), por ello las acciones de comunicación institucional son estratégicas, aunque algunas autoridades no lo entienden así. No en vano la presidenta de México mantiene “las mañaneras del pueblo”.
