Ley de Seguridad Social no violenta derechos humanos de trabajadores: Rodrigo Espeleta

El sorteo se realizará el 21 de febrero y forma parte de las actividades previas al centenario de la Cruz Roja en la delegación Toluca.

La Gobernadora Delfina Gómez reafirma que la “Operación Caudal” busca garantizar la distribución legal y equitativa del agua en el Estado de México, manteniendo el diálogo con autoridades municipales, federales y operadores del sector, sin afectar a quienes cumplen la ley

La movilización busca presionar a las autoridades de la CDMX a establecer un ajuste en la tarifa del pasaje; sin embargo los traslados desde y hacia el Edomex podrían verse afectados.

Héctor Macedo, presidente del Poder Judicial del Edomex, propuso la formación de interventores de paz, la corrección de abusos derivados de las asimetrías de poder y el fortalecimiento del civismo

Entre las opciones analizadas se encuentra la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, que podría fungir como autoridad garante, pero falta determinarlo legalmente cuando se presenten las leyes secundarías.

La Fiscalía estatal notificó que ya se investiga a las organizaciones que controlaban 51 pozos, 138 tomas clandestinas, 322 pipas y 37 vehiculos utilizados para la distribución de agua.

El presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, presentó una iniciativa en el Congreso de la Unión para permitir que los municipios puedan usar recursos federales en el mantenimiento de infraestructura, especialmente en la reparación de baches que afectan a la ciudad.

Una jueza otorgó a Uber una suspensión definitiva que permite a sus socios ingresar a la terminal aérea sin riesgo de ser detenidos. La medida busca garantizar movilidad eficiente, especialmente ante la cercanía del Mundial de Futbol 2026.

La clausura de pozos por presunta venta ilegal de agua provocó escasez en tres localidades del municipio; autoridades locales aseguraron que no tienen nada que ver con la acción.

Tras el hallazgo de posibles restos humanos en una zona limítrofe; el gobierno de Jilotzingo se queja de “falta de vigilancia en el punto”, en tanto Atizapán respondió que no acepta “señalamientos sin fundamento”