Otorgan amnistía a indígena de Tenango del Valle y sale del penal tras 14 años y medio

La Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México concedió la amnistía a Longino N, un indígena mazahua que purgaba una condena de 47 años y 6 meses de prisión en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Tenango del Valle por el delito de homicidio calificado.

Durante la primera sesión pública celebrada este martes en la Sala de Plenos de la Sala de Asuntos Indígenas, se expuso que la solicitud de amnistía fue ingresada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón. 

En su intervención, el presidente de la Sala de Asuntos Indígenas de la entidad, Magistrado Arturo Márquez González, sostuvo que tras el análisis del expediente conformado por familiares y la CODHEM, se confirmó que el beneficiario de la amnistía es un hombre integrante de un pueblo originario de la entidad y en su calidad de indígena, sus derechos humanos y debido proceso fueron violados.

Entre las violaciones en el debido proceso destacó el hecho de que el imputado no pudo acceder a un traductor que le explicara el marco jurídico aplicable por el delito que se le acusaba, no tuvo acceso a un defensor, aunado a que el delito que se le imputó era un homicidio en un contexto de riña, que su pena máxima es de 10 años de prisión. 

Márquez González precisó que, el imputado tambien fue víctima de una agresión no documentada por el Ministerio Público, aunado a que tanto él como su hijo y familia en general recibieron amenazas de muerte por parte de un grupo de personas, entre ellas la víctima del homicidio, presuntos miembros de grupos delincuenciales.

‘De acuerdo al contexto de los hechos, el día de los acontecimientos se había reñido, se había forcejeado por un arma de fuego y que en ese contexto la detonación había producido la muerte de la víctima de referencia, que el ahora sentenciado no se le permitió denunciar estos acontecimientos, que no se le recolectaron las evidencias que él tenía’.

‘Que durante el proceso no se garantizaron sus derechos humanos, que durante ese proceso también se le dio muerte a su abogado defensor y no se garantizó que tuviera una defensa adecuada donde se postulara esta versión acerca de lo que había ocurrido y además lo importante era que no se había analizado el contexto de los hechos’, expresó el titular de la Sala de Asuntos Indígenas.

El presidente del Poder Judicial del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, explicó que esa institución ha sido abierta a la retroalimentación en casos donde se presume la violación de derechos humanos, así como al debido proceso.

‘El día de hoy con la resolución que emite la Sala de Asuntos Indígenas del Estado de México abre la pauta para que asuntos de personas que se autoescriban a sectores históricamente vulnerado, como son los pueblos originarios o afrodescendientes, puedan obtener una visión intercultural, con intercesión de derechos humanos para el análisis de estos asuntos tan sensibles’, señaló Díaz Juárez.