Proponen Ley de Comunicación Social para el Edomex

Morena busca establecer nuevas reglas para la comunicación social en el Estado de México, a fin de garantizar que el gasto en esa materia se ejerza con austeridad, congruencia, racionalidad, eficiencia, honradez e imparcialidad; se transparenten las contrataciones, se respeten los topes presupuestales y ese dinero no influya en la equidad durante los procesos electorales.

Ese grupo parlamentario propone diversas reformas y una Ley de Comunicación Social para el Estado de México, a efecto de limitar el contenido en las campañas de comunicación social de los entes públicos, y entre otras cosas, prohibir que las campañas destaquen de manera personalizada nombres, imágenes, voces o símbolos de servidores públicos, así como prohibir la discriminación, el sexismo, el machismo o la incitación a la violencia.

La iniciativa de la diputada de Morena Anaís Burgos, presidenta del Comité de Comunicación Social, plantea que las campañas de comunicación social incluyan de manera visible que los programas son ajenos a partidos políticos y la prohibición de su uso para fines diferentes a los establecidos, a fin de desvincularlos de personas y partidos, y la obligación de impulsar campañas en formatos accesibles para personas con discapacidad.

La diputada Anaís Burgos advirtió que ante la pandemia provocada por el Covid-19 es necesario instrumentar medidas de austeridad en el gasto público, evitar gastos superfluos e innecesarios y que los informes anuales y los mensajes para darlos a conocer se limiten a una vez por año y con políticas de austeridad y eficiencia.

Asimismo se plantea crear el Sistema Público de Comunicación Social, dependiente de la Secretaría de la Contraloría alimentado por información de todos los entes, un padrón de medios de comunicación; así como reformas a la Ley de Fiscalización Superior para que el dinero destinado a comunicación social sea revisado y fiscalizado.

Se propone facultar al Comité de Comunicación Social del Congreso local para recibir un informe bimestral sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales de los tres poderes, la relación anual de programas y campañas de comunicación, la programación de erogaciones y se prevén sanciones por acciones u omisiones que pudieran implicar una responsabilidad.

Tampoco podrán implicar juicios morales, ni ataques a la privacidad, considera la posibilidad de tener tiempos oficiales y establece que todos los entes deben presentar su estrategia y programa anual correspondiente con una cronología de la difusión de sus campañas con objetivos y metas, con la posibilidad de emitir mensajes extraordinarios en una situación de carácter emergente o coyuntural.

La iniciativa señala la obligación de los medios de comunicación de inscribirse en el padrón estatal cuando pretendan participar en la contratación de comunicación, mientras los entes públicos deberán dar a conocer los montos destinados a comunicación social y desglosar las contrataciones, además de incorporar un informe semestral sobre su gasto en publicidad oficial.

La propuesta también implica que sería una violación a la norma difundir campañas de comunicación social violatorias de los principios señalados en la norma, exceder los límites y condiciones establecidas para los informes anuales y el incumplimiento a las disposiciones.