Esta condición avanza en paralelo con delitos como violaciones sexuales, estupro y violencia intrafamiliar, señaló investigadora
Octavio Jaimes
Los matrimonios forzados, muchos de ellos entre adolescentes de 14 o 15 años y hombres de 25, 30, 35, incluso más, se mantienen como una de las problemáticas sociales más presentes en el Pueblo Mágico de Acaxochitlán. Es precisamente en la cabecera municipal de esta demarcación y en la localidad indígena de Santiago Tepepa donde existen los índices más altos de tal práctica, misma que no solo vulnera los derechos humanos de las mujeres, sino que deriva en altas cifras de embarazos en menores de edad: 581 casos en adolescentes de 10 a 17 años, tan solo de 2020 a 2024.
Por tal incidencia, Acaxochitlán, municipio de la Sierra Otomí-Tepehua, es la demarcación con más alto número de embarazos infantiles y adolescentes de todo el estado de Hidalgo.
De acuerdo con el estudio “Configuraciones del Poder y Subjetividad: matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en mujeres de Santiago Tepepa, Acaxochitlán”, realizado por la maestra en Ciencias Sociales, Gloria Contreras Jiménez, activista e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), estos datos extraídos del Sistema de Información de Nacimientos (Sinac) de la Secretaría de Salud, se relacionan con la persistencia de matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, principalmente en comunidades indígenas y rurales, donde los vínculos se establecen muy lejos del consentimiento libre e informado de las niñas y adolescentes.
“Acaxochitlán es el municipio puntero en embarazo de menores de 15 años. El embarazo en menores de 15 años es considerado un resultado de violencia sexual que no solamente se entiende por el tema de la agresión con uso de la fuerza, sino también de todas aquellas prácticas que son encubiertas por la comunidad, por la sociedad, por las familias, bajo un tema de usos y de costumbres. En ese sentido, Santiago Tepepa es la comunidad puntera junto con la cabecera municipal en ser consideradas como de las principales que tienen embarazo en menores de 15 años y otra de las características es que Santiago Tepepa es la comunidad más grande con población indígena dentro del municipio”.
La autora señala que estas prácticas se sostienen en dinámicas familiares y comunitarias que normalizan la conformación temprana de uniones como respuesta a factores económicos, culturales y de control social. Además, son interacciones que van ligadas al modelo de “usos y costumbres”, figura de organización social, política y cultural de muchos pueblos originarios y que prevalece en la localidad de Tepepa, donde el 74.9% de la población se reconoce como población indígena.
En ese sentido, y tras un estudio de campo que contempló entrevistas a nueve mujeres de Acaxochitlán quienes contrajeron matrimonio en su adolescencia, la investigadora identificó que el origen del problema se encuentra en la combinación de desigualdad socioeconómica, relaciones de poder basadas en la edad y el género, y la legitimación comunitaria de estas uniones, lo que deriva en embarazos tempranos y en la continuidad de prácticas que persisten pese a las reformas legales que prohíben el matrimonio en Hidalgo antes de los 18 años.
“Se reconoce que hay una relación entre lo que son los embarazos en adolescentes con delitos no solamente con el de violación, sino también de estupro, es decir, de relaciones de personas adultas con adolescentes entre los 15 y 17 años y que nosotros lo conocemos principalmente como uniones tempranas forzadas que están condicionadas por temas de usos y de costumbres y también pues por factores como los económicos, que son características también que vemos dentro del municipio”.
Su investigación alinea el contexto social con cifras del Sinac respecto a embarazos infantiles y adolescentes, uno de los focos rojos en la demarcación: en Santiago Tepepa, se registraron 82 embarazos en niñas y adolescentes entre 2020 y 2024, de los cuales 80 correspondieron a adolescentes de 15 a 17 años y dos a menores de entre 10 y 14 años. A nivel municipal, el comportamiento es similar, aunque con crecimiento considerable. En Acaxochitlán se contabilizaron 581 embarazos en niñas y adolescentes entre 2020 y 2024, de los cuales 547 correspondieron a adolescentes de 15 a 17 años y 34 a menores de entre 10 y 14 años, según la misma fuente. El año con mayor número de registros fue 2023, con 132 casos, seguido de 2020, con 129.
Reflejado en el panorama social, las anteriores cifras se manifiestan en ámbitos de vulneración a los derechos humanos como el acceso a la educación. La investigación de Contreras expone que hay una escala incipiente de deserción escolar, misma que se aprecia con una reducción porcentual de hasta 40 puntos entre educación primaria y secundaria: la mayoría de la población desertora son mujeres adolescentes.
“Hay una mayor presión para que antes de los 15 años se puedan casar, y también empiecen con los temas de la gestación, a embarazarse, a ser madres a muy temprana edad. Eso también conlleva pues temas como la deserción escolar. Una de las características que vamos a tener en el municipio de Acaxochitlán es que justamente de acuerdo con este último censo, en 2020, se estimaba que de todo el municipio, el 85% de niñas, niños y adolescentes sí tenían educación básica, es decir, hasta la secundaria. Pero una vez que llegan a la secundaria, ese porcentaje disminuye hasta un 25%, lo que tenemos es una mayor deserción escolar de adolescentes mujeres que de adolescentes hombres, lo cual, pues por obvias razones las coloca en una situación de vulnerabilidad”.
Sin matrimonios legales, predomina la unión libre. La información por estado civil muestra que, entre las adolescentes de 15 a 17 años embarazadas, 73 se encontraban en unión libre, tres estaban casadas y cuatro se reportaron como solteras durante el periodo analizado. En contraste, en el grupo de menores de 15 años, se documentaron dos embarazos: uno en condición de soltería y uno en unión libre, sin registros de matrimonio formal. A consideración de la especialista, la falta de registros oficiales obstaculiza la precisión en materia cuantificable sobre las dimensiones de tal problemática, pues muchas uniones quedan fuera de todo rigor estadístico institucional.
“Formalmente, como tal, la figura ‘matrimonio’ no está legalmente constituida, pero sí están constituidas las uniones libres, que al final dentro de la comunidad tienen el mismo peso que si tuviéramos el matrimonio legal. O sea, para la comunidad tiene la misma validez. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que sí hay uniones con personas que son más grandes. Vamos a encontrar que hay uniones entre adolescentes, sí, pero que el adolescente hombre tiene 16, 17 años, mientras que la adolescente mujer tienen 14 y tienen 15 años, que si bien no son tan amplias la diferencia de edad, pues sí, hay una diferencia que al final de cuentas se puede colocar las adolescentes en una posición de vulnerabilidad”, señala la maestra.
Sin embargo, agregó que “cerca de los 14, 15 años, 16, pues la edad de los hombres va siendo más amplia, o sea, teniendo mínimo 25, 26 años y que incluso se han logrado identificar uniones con hombres que pasan de los 35 o 37 años. Esta es una situación de desigualdad en el acceso a recursos, en el acceso a las tomas de decisiones y que puede hablarnos de un ciclo de violencia”.
La presión no termina ahí. Expone la investigadora que es prácticamente imposible para las mujeres salir de las uniones, pues existe un papel social que las orilla a permanecer en ellas. En este tipo de vínculos, no son libres ni siquiera de ejercer sus derechos sexuales o reproductivos, toda vez que su pareja es quien incluso autoriza o no, el uso de métodos anticonceptivos.
“En esas relaciones está latente la violencia intrafamiliar y también lo que hoy nos damos cuenta es que el acceso a los servicios de salud, sexual y reproductiva se encuentran condicionados. ¿Por qué están condicionados? Porque dependen de la autorización de la pareja en este caso o incluso hasta la autorización en muchas ocasiones de la familia de ellos. Entonces esto coloca a las adolescentes en una posición de vulneración a sus derechos sexuales y reproductivos, porque la información que están recibiendo es sesgada (…) Si ellas quisieran optar por un método anticonceptivo, no siempre se les permite, porque también hay un tabú en cuanto al uso de estos dentro de las familias”.
Por otro lado, si una mujer alcanza la mayoría de edad y aún no está casada y/o no tiene hijos, son objeto de un estigma: no se les considera sujeto de derecho. Tengan carrera universitaria, sean independientes económicamente o incluso hayan salido de su comunidad, para la cosmovisión local se vuelven mujeres sin decisión o voto.
“El estigma implica incluso que dentro de la comunidad ellas pueden tener una licenciatura, pueden trabajar incluso para el ayuntamiento, pueden tener un trabajo fuera, pero al regresar a su comunidad, ellas no son autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Ni siquiera son vistas como ciudadanas, siguen bajo la tutela de sus padres. No tienen voz ni voto dentro de las asambleas comunitarias, no son vistas como una persona adulta que pueda contar para la comunidad. No hay un apoyo o un acompañamiento institucional cercano, sino que todo sigue siendo como dentro de esa lejanía, dentro de esa distancia. Pero lo que sí es cercano es la presión social”.
En ese sentido, la maestra Contreras halló que contrario a lo que se piensa, los matrimonios forzados no son una práctica o decisión individual. Ella concluyó que lo que introduce a niñas y adolescentes en lo que llama “el mercado matrimonial”, es el resultado de omisiones en políticas públicas que garanticen la auténtica protección a niños, niñas y adolescentes, toda vez que “ningún uso y costumbre está por encima del derecho a vivir libres y violencia”.
“Es el resultado de una serie de omisiones por parte del Estado, un Estado que ha fallado en la protección de los derechos de las niñas y las adolescentes, un Estado que ha sido omiso al no reconocer o al no generar acciones para su prevención y atención; a un estado que solamente se quedó con una acción punitivista y que también tienen que verse inmersos otros factores como la pobreza, como son los roles y los estereotipos de género. Se habla mucho del avance en materia de igualdad de género, pero estos avances no son iguales en los contextos urbanos que en los contextos rurales. Entonces, también tiene que ver mucho con la estigmatización que hay hacia las comunidades indígenas a quienes hemos invisibilizado y las hemos alejado de aquellos contextos que se consideran avanzados, que se consideran urbanizados”, señaló.
Recordó que en Hidalgo, desde 2019, se prohibieron los matrimonios en personas menores de 18 años, por lo que las citadas son “prácticas ilegales”. Entonces corresponde al Estado, señala la activista, la sensibilización y socialización del tema desde una perspectiva “integral” y alejada de lo punitivo. Lo anterior porque, al solo existir castigo, “crece la clandestinidad y entonces es más difícil identificar las problemáticas”.
“El problema con estos modelos, con estas prácticas, tiene que ver con que están consideradas como parte de la cultura, parte de lo que se espera al interior del municipio, al interior de las comunidades. Y esto implica que no se tenga la conciencia de que es una vulneración a derechos humanos, de prácticas incluso ilegales. Esto implica que al no reconocer que hay una práctica ilegal, al no reconocer que hay una práctica que está vulnerando derechos, entonces esta práctica no solamente no se denuncia, sino que se sigue perpetuando, se sigue viendo como parte de lo que se espera, es parte de la normalidad que conocen”.
Conformada por 515 páginas y avalada por la UAEH en su Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, esta investigación fue presentada en diciembre de 2025. Además de considerar antecedentes históricos, étnicos y sociales, desglosa la problemática basado en tres tipos de comportamiento: patriarcales, adultocentristas y capitalistas. El primero, porque su indagatoria revela que son los hombres quienes ostentan el poder en las comunidades; el segundo, porque su hipótesis señala que se visualiza a las infancias y adolescentes como un objeto y son sus padres quienes toman las decisiones en esta materia.
El último, el capitalista, porque “estamos hablando de un intercambio. Hay una forma de pago y hay una forma en la que se está comercializando. Se comercializa con la niña o la adolescente, no solamente hablando en ese momento, sino que viéndolo a largo plazo, se comercializa con el trabajo de cuidados que va a sostener al interior de la familia. Al final de cuentas, este tipo de prácticas también implican un ejercicio de violencia sexual porque no es de que ellas quieran o no sostener una relación sexual, es que se socializa que hay un deber conyugal”, explicó.
Esta práctica está motivada por diferentes factores que también tiene que ver aquí, por ejemplo, el tema del acceso a la educación, el tema de desigualdad basada en el género y también las condiciones de pobreza o desigualdad económica que pues aquejan no solamente al municipio, sino incluso a la propia región de la Otomí-Tepehua en Hidalgo
