Buscan actualizar la Ley de Responsabilidades
La diputada del PAN, Rosalva Vergara Martínez, propuso empatar la ley estatal y municipal con la nacional
Cyntia Castillejos / El Sudcaliforniano
La Paz, Baja California Sur.- La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Rosalva Vergara Martínez, presentó una iniciativa con proyecto de decreto con la que se busca evitar que los servidores públicos cometan actos como nepotismo y cohecho, por lo que se pretende actualizar la Ley de Responsabilidades Administrativas estatales y municipales.
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“Para establecer las responsabilidades administrativas de servidores públicos, sus obligaciones, sanciones aplicables por actos u omisiones en que estos incurran y en las que correspondan a particulares vinculados con faltas administrativas graves que tal efecto se prevén, asimismo como los procedimientos para su aplicación con este fundamento”, dijo.
Vergara Martínez dijo que a nivel nacional ya se cuenta con la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del 2016 que aplica a todo el país, sin embargo, a nivel estatal y municipal no ha sido actualizada.
“He realizado un análisis de nuestra legislación en la materia, derivando como resultado de esta, que la legislación local no se encuentra actualizada respecto a la normatividad general, específicamente en los decretos mediante los cuales se reforman y adicionan disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los de los servidores públicos”, destacó.
Esta reforma fue turnada a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, e implica incluir dentro de las directrices que observen los servidores públicos la efectiva aplicación de los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, rendición de cuentas y eficiencia en las funciones de administrar los recursos bajo el principio de austeridad.
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Otro punto es la abstención de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo debido a intereses personales o familiares, así como de intervenir o promover en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con algún parentesco.