El informe de Ni Un Repartidor Menos documenta 47,137 ataques entre 2017 y agosto de 2026, con 23 trabajadores asesinados y apenas 1.7% de denuncias formales.
Investigaciones de la Fiscalía de justicia advierten que en los centros de rehabilitación irregulares se cometen homicidio, extorsión, privación de la libertad, desaparición y otros delitos
