Confirma Sheinbaum que habrá más órdenes de aprehensión contra ex funcionarios
Aseguró que no habrá impunidad para los involucrados en un esquema de lavado de dinero con recursos de la Secretaría de Finanzas
Hilda Escalona / La Prensa
En la gabinete de seguridad del Gobierno capitalino, la Fiscalía General de Justicia dio a conocer que prepara más ordenes de aprehensión contra ex funcionarios que habrían participado en un esquema de lavado de dinero por mil millones de pesos de recursos de la Secretaría de Finanzas durante la pasada administración, en la que estuvieron al frente Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva, así lo dio a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
“Sí, sé que la Fiscalía General está con diversas investigaciones que en su momento tendrá que presentar al juez para ver si realmente se convierten en órdenes de aprehensión a través de los jueces del tribunal superior de justicia de la ciudad de México para distintas personas que trabajaron en la administración anterior”, comentó.
En conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que la FGJ lleva a cabo una investigación sobre la probable relación entre el corporativo que encabezaba Martín “N”, empresario asesinado en días pasados en la colonia Nápoles, con una empresa fantasma que fue contratada indebidamente por la Secretaría de Finanzas.
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“Fueron tres contratos que la entonces Secretaría de Finanzas hizo con empresas fantasmas y que en siete días se les pagó cerca de 1000 millones de pesos y supuestamente era para devolver el ISR que normalmente devuelve la Secretaría de hacienda al gobierno de la ciudad. Entonces hay una investigación muy profunda que está haciendo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en donde están implicados diversos servidores públicos e inclusive empresas fantasmas”, apuntó.
La funcionaria calificó como delincuentes a los supuestos involucrados, al tiempo que advirtió que no habrá impunidad, incluido el caso del exdelegado en Coyoacán y actual diputado federal, Mauricio Toledo a quien se le acusa de enriquecimiento ilícito, delito por el que la Fiscalía capitalina solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero para investigarlo por enriquecimiento ilícito.
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