Los diputados locales señalan que el objetivo es contar con un instrumento para contribuir a la estabilidad política y gobernabilidad democrática
Arturo R. Pansza / La Prensa
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Para contar con un instrumento que contribuya a la estabilidad política y la gobernabilidad democrática, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso capitalino impulsa la Ley de Gobierno de Coalición para la Ciudad de México, que establezca un acuerdo de distribución de cargos en la administración pública entre los propios partidos políticos.
Al fundamentar la iniciativa que en ese sentido presentó, la diputada priista María de Lourdes González Hernández sostuvo que con un gobierno de coalición se pretende una mayor gobernabilidad y pactos más o menos estables que permitan obtener mejores resultados para las personas, a la vez que recordó que existen experiencias exitosas en España, Alemania y Reino Unido.
Destacó que el gobierno de coalición es un instrumento para la gobernabilidad democrática que, conformado por la unión del partido que postuló al titular de la Jefatura de Gobierno y uno o más institutos políticos con representación en el Congreso de la Ciudad de México, constituye un régimen plural de corresponsabilidad en el ámbito Ejecutivo y Legislativo.
Una vez que indicara que entre las propuestas está el derogar la primera sección, disposiciones generales, del capítulo VI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, la diputada priista pugnó por la creación de dicha ley para “contar con un instrumento que contribuya a la estabilidad política y a la gobernabilidad democrática”.
En la iniciativa, turnada durante la sesión ordinaria del pleno del martes a la Comisión de Asuntos Político Electorales del Poder Legislativo, González Hernández delineó que ya existe una regulación del tema en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, pero es pertinente regular de manera más amplia y concreta dicha figura, para evitar futuras contradicciones o lagunas legales.
En el artículo 4 de Ley de Gobierno de Coalición, quedaría establecido que el titular del Ejecutivo local podrá optar en cualquier momento por formar una administración con esa característica, mientras que las dirigencias de los partidos podrán convenir su conformación con uno o más institutos políticos, que surgirá y funcionará, en el caso de resultar ganadores en la elección a la Jefatura del Gobierno.
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