Resulta difícil suponer que el Presidente electo no anticipara la forma de solucionar eventuales efectos de la trascendental decisión con que arrancará su mandato (léase turbulencias emanadas de los capitanes del capital).
Cual se visualizaba desde los abrumadores resultados en la votación del primero de julio, una gran parte de la sociedad mexicana se manifestó en apenas celebrada encuesta por cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ya que más allá de no ser experta en cuestiones aeronáuticas, el hartazgo provocado por generalizada corrupción, gasolinazos (continúan) etc., etc., ‘logró’ que apruebe cualquier proyecto ofreciendo reducir el gasto público y honestidad en el manejo del estrictamente necesario.
La esperanza de próxima mejoría del nivel de vida de quienes acostumbrados a ver pasar igual aviones que –cierto- nunca abordarán, que el consumo de presupuestos en frivolidades y/o salarios exageradamente elevados a legisladores, funcionarios, etc., etc., constituye innegable factor de influencia sobre ésta (y acaso venideras encuestas), aun cuando se realicen al margen de normas legales para dar cauce a la democracia participativa.
Mientras el sector empresarial revela su inconformidad, el futuro gobierno asegura que no habrá pérdida alguna respecto a las inversiones efectuadas, pero sí acuciosa revisión de contratos que puedan ocultar el fenómeno definido como ‘cultural’ en nuestro país, es decir, la corrupción.
Ojalá, a fin de evitar el sufrimiento económico del pueblo e incrementando la lealtad que hoy le favorece, junto a la medida aeroportuaria disponga de inmediato, al asumir el poder, dar reversa al ‘gasolinazo’ que afecta incluso a los bolsillos humildes, pues aun sin vehículo propio utilizan medios de transporte a mayor costo, del mismo modo que pagan más por artículos trasladados a comunidades (las rurales, doloroso ejemplo) alejadas de centros de distribución.
