Ahora la base trabajadora se pregunta: ¿Con qué autoridad moral se exige ahora el respeto al escalafón? Y la misma base trabajadora concluye que la congruencia sindical no es discurso, es conducta.
La reciente vinculación a proceso penal por el caso de la planta fotovoltaica no es un hecho aislado en la trayectoria de JAIME N o el mini, como usted quiera llamarlo. Y es que quizá esto represente el clímax de una carrera que siempre ha caminado por la cornisa de la legalidad. Desde sus polémicos inicios en el beisbol de los años ochenta, marcados por escándalos de sobornos en la Liga del Pacífico, su figura pública se construyó sobre cimientos de sospecha. Hoy, el sistema judicial parece estar cercando a quien por años operó sin frenos, transformando el fraude de Next Energy en la posible coronación de un historial acumulado, pues hay que recordar que antes también intentó llevar de 2 a 5 años su gobierno.
El peso más oscuro sobre los hombros del exgobernador no es únicamente administrativo o financiero, sino el de las compañías cuestionables y las tragedias sin resolver. Su cercanía histórica con personajes de antecedentes turbios delinea el tipo de círculo primario con el que gobernó. A esto se le suma la mancha imborrable del asesinato de la periodista LOURDES MALDONADO, un caso donde el escrutinio público lo señaló directamente, evidenciando los peligrosos cruces entre el poder absoluto y la vulnerabilidad de quienes lo cuestionan.
A la par de estos señalamientos, destaca la instrumentalización que JAIME ha hecho de los medios de comunicación, convirtiéndolos en tribunales sumarios contra sus adversarios. Sus plataformas, lejos de ejercer el periodismo, han funcionado como maquinarias de acoso para “golpear” a funcionarios incómodos. Esta dinámica de abuso de poder se refleja incluso al interior de sus empresas, donde una larga lista de empleados ha padecido atropellos laborales y falta de pagos, desnudando un doble discurso insostenible. El tablero de Baja California se está reacomodando y la coraza política que alguna vez lo protegió muestra grietas irreversibles.
La pregunta que resuena en la frontera ya no es si existen responsabilidades pendientes, sino si este nuevo capítulo legal terminará con el mini tras las rejas, tal como él mismo quería con KIKO VEGA. Los análisis en los círculos de poder apuntan a que el reloj de la impunidad ha llegado a su límite y la justicia, aunque tardía, podría estar a punto de cobrar la factura completa.
Hoy la dirigente sindical PATRICIA RUIZ sostiene que las basificaciones deben respetar estrictamente el escalafón y la antigüedad. Sin embargo, la base trabajadora recuerda que el 14 de octubre de 2019 se otorgó una basificación directa dentro del gobierno estatal a su propio hijo ALEJANDRO RAMOS RUIZ. Esa basificación ocurrió durante el gobierno panista de FRANCISCO VEGA DE LAMADRID y a escasos días del cierre de esa administración, sin respetar antigüedad ni orden escalafonario.
No cabe duda que en la Cuarta Transformación se castiga al que se prepara y se premia al derrochador. Y es que con el famoso otorgamiento de las concesiones de agua a los municipios, Mexicali resultó ser el castigado y el ganón fue Tijuana. Y es que curiosamente los funcionarios como el secretario del Agua del estado, DANIEL AMADOR BARRAGÁN, no han dado la cara para decir cuánto es exactamente la dotación de agua que se le ha concesionado a cada municipio. Tampoco MANUEL GUERRERO LUNA, director de Conagua en la península de Baja California, ha dicho cuánto es, aunque prometió que enviarán un boletín explicándolo todo.
La cuestión es que Mexicali tomó la previsión de guardar agua para su crecimiento futuro. Se aplicó una legislación en la que si un desarrollador quería construir un fraccionamiento o parque industrial, primero tenía que gestionar agua, en este caso agua agrícola para su uso doméstico o para la industria o comercio. Con esto, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali llegó acumular hasta 20 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua. Sin embargo, esos 20 Mm3 de agua se evaporaron, ahora son propiedad de la nación y la Conagua la venderá a Tijuana.
Pero la cuestión es esta: Cada gota de la asignación del Río Colorado tiene dueño, entonces podríamos esperar que algunos usuarios pierdan estas concesiones para asegurar el abasto a la coqueta ciudad. Pero si algún día se reactiva el Valle de Mexicali, entonces ¿cómo van a satisfacer la demanda de una cada vez más sedienta Tijuana? El negocio del agua no se terminó, solo cambió de administración. Pero ¿qué no se supone que el agua es del pueblo?
