Autoriza la Corte toma de protesta

Olga Sánchez acudirá a la toma de protesta como enviada del Presidente de México.

Juan Miguel Hernández/ El Sol de Tijuana

TIJUANA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno saliente de Baja California en contra de la Ley Bonilla.

Se trata del juicio constitucional promovido por el gobierno que encabeza el panista Francisco Vega de Lamadrid, quien deberá entregar el mando estatal al gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, en el primer minuto del próximo viernes primero de noviembre.

Alista Ejecutivo impugnación contra "Ley Bonilla"

El ministro de la SCJN, Fernando Franco González Salas, emitió el acuerdo respectivo, que se suma a las acciones de inconstitucionalidad que, sobre el mismo tema, ya promovieron los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

El magistrado otorgó un plazo de 30 días hábiles al Poder Legislativo del estado para que envíe a la corte una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, así como de los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo.

Asimismo, deberá entregar los respectivos diarios de debates y las documentales de las que se advierta que dio vista con la reforma constitucional a los municipios del Estado, apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le aplicará una multa.

Periódico Oficial del Estado de Baja California

Ayer se publicó la Ley Bonilla

COPARMEX SE AMPARARÁ

En tanto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Roberto Rosas Jiménez, anunció que el jueves los centros empresariales de todo el estado presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diversos amparos contra la Ley Bonilla.

Explicó que se tratará de controversias individuales, interpuestas por integrantes de la organización empresarial, ajenas a las constitucionales promovidas por los partidos políticos, el Gobierno de Baja California y el Instituto Nacional Electoral (INE).