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Localviernes, 12 de febrero de 2021

Busca Estado incrementar penas a pederastas

Tijuana es señalada como uno de los destinos señalados como uno de los paraísos para la explotación sexual de menores

Alejandro Domínguez / La Voz de la Frontera

En su exposición de motivos, el inicialista señaló que actualmente el delito de pederastia se encuentra contemplado en el artículo 184 Quarter del Código Penal estatal, de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2 mil 250 días de multa.

De aprobarse la reforma, se aumentaría la pena privativa de libertad, de 11 a 20 años de prisión y de 850 a 3 mil días multa.

“En donde se advierte que en el delito de turismo sexual a predominado en el abuso en los niños, y por lo que corresponde a la ciudad de Tijuana ha predominado la prostitución, tráfico y venta de niños, pornografía y turismo sexual tanto en niñas como en niños.

En dicho estudio, las victimas se identifican a través de variables entre las cuales se encuentran niñas y niños que viven en la calle, otras que viven con su familia, bajo su consentimiento, niñas que son explotadas por su pareja.

Niñas que son captadas por la delincuencia organizada para ser explotadas sexualmente en u na red de esclavitud, entre otras, de ahí la importancia de agravar las penas para este tipo de delitos

Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual varía de 16 mil a 20 mil.

Otras cifras indican quo los menores sujetos a explotación sexual en México, ascienden a 70 mil, de los cuales, 50 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país.

El 93% de las víctimas de trata de personas en México son mujeres y 26% menores de edad, alrededor de 45.4% de las víctimas son captadas por u na persona conocida, 49.1% por desconocidos y 5.5% por miembros de la delincuencia organizada.

Además, con la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales del Estado de Baja California, se busca contar con un instrumento que contribuya a la prevención de los delitos sexuales, ya que representa una herramienta de protección pública.

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