Busca Estado incrementar penas a pederastas
Tijuana es señalada como uno de los destinos señalados como uno de los paraísos para la explotación sexual de menores
Mexicali, 28 de marzo de 2026
Tijuana es señalada como uno de los destinos señalados como uno de los paraísos para la explotación sexual de menores
Alejandro Domínguez / La Voz de la Frontera
Debido a que la ciudad de Tijuana es señalada como uno de los destinos señalados como uno de los paraísos para la explotación sexual de menores, el gobierno estatal busca incrementar las penas para este delito, e incluso, crear un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales del Estado.
El Ejecutivo estatal presentó ante Oficialía de Partes de la XXIII Legislatura del estado, una iniciativa de decreto para reformas diversos Artículos del Código Penal estatal, así como de la Ley de Víctimas del Estado, con el fin de incrementar las penas al delito de la pederastia.
En su exposición de motivos, el inicialista señaló que actualmente el delito de pederastia se encuentra contemplado en el artículo 184 Quarter del Código Penal estatal, de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2 mil 250 días de multa.
De aprobarse la reforma, se aumentaría la pena privativa de libertad, de 11 a 20 años de prisión y de 850 a 3 mil días multa.
Asimismo, so establecen agravantes cuando el delito es cometido por familiares cercanos a la víctima, incorporando en su caso la pérdida de la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil.
Se contempla además la incorporación al tipo penal, del supuesto en que el delito sea cometido por un servidor público, o un profesionista en ejercicio de sus funciones a con motivo de ellas, se establezca además de la pena privativa de la libertad, la suspensión, destitución o inhabilitación de su empleo público o profesión por un término igual a la pena que sea impuesta.
El estudio denominado “Infancia Robada” de UNICEF, se expone la explotación sexual infantil que se desarrolla en seis ciudades que son Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Tapachula y Tijuana, lugares catalogados con un bajo índice de integración social y una proporción alta de habitantes quo no pertenecen al lugar.
“En donde se advierte que en el delito de turismo sexual a predominado en el abuso en los niños, y por lo que corresponde a la ciudad de Tijuana ha predominado la prostitución, tráfico y venta de niños, pornografía y turismo sexual tanto en niñas como en niños.
En dicho estudio, las victimas se identifican a través de variables entre las cuales se encuentran niñas y niños que viven en la calle, otras que viven con su familia, bajo su consentimiento, niñas que son explotadas por su pareja.
Niñas y niños que viven con su familia bajo su desconocimiento y que participan en su explotación sexual a cambio de dinero, ropa, techo, alcohol drogas, niñas y niños que han sido vendidos niñas quo han sido captadas por redes criminales y que son trasladadas de una ciudad a otra.
Niñas que son captadas por la delincuencia organizada para ser explotadas sexualmente en u na red de esclavitud, entre otras, de ahí la importancia de agravar las penas para este tipo de delitos
Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual varía de 16 mil a 20 mil.
Otras cifras indican quo los menores sujetos a explotación sexual en México, ascienden a 70 mil, de los cuales, 50 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país.
El 93% de las víctimas de trata de personas en México son mujeres y 26% menores de edad, alrededor de 45.4% de las víctimas son captadas por u na persona conocida, 49.1% por desconocidos y 5.5% por miembros de la delincuencia organizada.
Además, con la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales del Estado de Baja California, se busca contar con un instrumento que contribuya a la prevención de los delitos sexuales, ya que representa una herramienta de protección pública.
Las mujeres y familiares de menores de edad en situación de riesgo, pueden hacer uso de la información contenida en este, para prevenir, factores de riesgo, de reincidencia y repetición de conductas de violencia sexual, facilitando la identificación de personas con las que se deban tener precauciones de convivencia.
