Congreso reservó 11 expedientes desde 2019

Del total de expedientes, tres corresponden a solicitudes de información referentes a la nómina del Poder Legislativo y sus egresos correspondientes

Christian Galarza

El Congreso del Estado de Baja California clasificó como reservados al menos 11 expedientes correspondientes a solicitudes de información entre 2019 y septiembre de 2025, de acuerdo a la información publicada por la misma autoridad en su sitio web.

Del total de reservas, 3 corresponden a solicitudes de información referentes a las cifras totales de la nómina del Poder Legislativo y los egresos que conllevan. Es decir, rechazaron proporcionar información sobre el gasto que se ejerce por el personal basificado.

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Luego de que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena señaló al Congreso de Baja California de ser el más caro del país, la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, aseveró que no existe transparencia en la aplicación del 80% del recurso total de la misma autoridad.

En ese sentido, el Poder Legislativo ha reservado 11 expedientes relacionados a solicitudes de información, entre las cuales se le pidió informar sobre gastos por nómina, juicios políticos contra legisladores, el informe de auditoría del Concejo Fundacional de San Quintín de 2023 y el proceso de elección del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción.

Dicha información fue publicada en el sitio web del mismo Poder Legislativo, en el apartado de transparencia, en la ventana de “Índice de expedientes reservados”, aunque sólo contiene casos entre 2019 y septiembre de 2025.

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Uno de los expedientes reservados en 2019, el 27 de noviembre, fue en el que se pidió la lista completa del personal del congreso basificados a partir del primero de agosto de 2017, para el que se solicitó precisar, fecha de ingreso, área de adscripción y nombre del puesto desempeñado, así como los méritos y/o motivación que tomó en cuenta la comisión de escalafón para otorgarles la nueva categoría.

Sin embargo, el Congreso del Estado determinó reservarlo por 5 años, argumentando que la entrega de la información obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, o afectaría la recaudación de contribuciones, tal y como lo establece el artículo 110, párrafo V, de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.

Asimismo, tomaron en cuenta el párrafo VII del mismo artículo, que indica que se podrá reservar la información sí contiene las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.

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Ambos párrafos de dicho artículo fueron utilizados argumentativamente para reservar la información de la mayoría de las solicitudes.

Como el 14 de diciembre de 2021, cuando reservaron la información relacionada a la solicitud que pidió las “nóminas relativas a los años 2019, 2020 y 2021, donde se reflejen las retenciones de Impuestos Sobre la Renta (ISR). Todas de los servidores públicos de base y de confianza”.

Para dicha reserva, argumentaron únicamente el párrafo V, sobre la obstrucción de las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes.

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“La información solicitada está bajo proceso de verificación, inspección y deliberación por parte de la Unidad de Contraloría Interna del Poder Legislativo hasta en tanto no se emita la resolución respectiva del proceso de investigación”, indicó la autoridad.

Posteriormente, en 2022 se solicitó información de 5 ejemplares de nóminas por pago de compensación, 5 ejemplares de nóminas por pago de aguinaldo y 5 ejemplares de nóminas por pago de prima vacacional, todas relativas al año 2020, y donde se reflejaran las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Sin embargo, esta información también fue reservada por 5 años argumentando la violación del artículo 110 de la Ley de Transparencia del Estado, en los parrafos V y VII.

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Además de las solicitudes referentes a las nóminas, el Congreso del Estado también reservó por 5 años, en diciembre de 2022, “la información de los juicios políticos iniciados en contra de los diputados que votaron a favor y aprobaron los decretos relativos al contrato plurianual para una planta generadora de energía fotovoltaica”.

Para dicha reserva, el legislativo argumentó los párrafos VI, por qué obstruye la prevención o persecución de delitos; VIII, por que obstruye los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; y XI, por qué afecta los derechos del debido proceso.

Incluso, el Congreso del Estado reservó información que ya debería ser pública, como lo es el Informe Individual de Auditoría de la cuenta pública de 2022 del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín. Para la reserva de esta información, el legislativo volvió a argumentar los párrafos V y VII, sobre la obstrucción de verificación e inspección, y la contención de opiniones que forman parte de un proceso deliberativo.