Ex funcionarios se llevan escolta oficial

Amador Rodríguez se auto asigna seguridad a costo del erario; suma a Jesús Núñez

Amador Rodríguez I Entrevista — Amador Rodríguez reconoció que aunque ya hay un fiscal anticorrupción el caso se ha visto pausado / FOTO: Jorge Galindo I La Voz de la Frontera

Yerson Martínez / La Voz de la Frontera

Se auto asigna seguridad personal a costo del erario por un periodo mínimo de un año, el ex secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano.

El acuerdo fue firmado por él mismo y justificando que se requiere al haber sido el presidente de la junta de gobierno de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario en Baja California.

El 27 de octubre, a tres días de terminar la administración estatal anterior, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo que incluye en ese beneficio al ex comisionado estatal del Sistema Penitenciario, Jesús Núñez Camacho, quien es recordado porque al inicio del mandato de Jaime Bonilla Valdez renunció al cargo de oficial mayor por el tema de los “moches” acordados con empresarios a cambio de contratos con el gobierno.

LOS NÚMEROS

Se estima que son más de 30 elementos de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria quienes estarán destinados a la seguridad personal que recibirán, junto con la familia y donde a la letra se especifica que será a costo del presupuesto de egresos de la autoridad penitenciaria.

En el punto tercero del acuerdo se especifica que tanto el presidente de la junta como el comisionado, tendrán 3 elementos cada uno por turno, donde no se especifica si son turnos de 8 o 12 horas.

En caso de ser turnos de 8 horas, ambos tendrían a 18 agentes asignados por día.

Además se especifica que al cónyuge e hijos también se les asignará 2 elementos por turno.

Pero el acuerdo va más allá, también se autorizó que se les asignen dos vehículos a cada uno de los ex servidores públicos y cuyos gastos de combustible y mantenimiento serán a cargo del presupuesto de la autoridad penitenciaria.

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El auto beneficio está plasmado para que sea por un tiempo mínimo de un año, pero con la facultad de la autoridad penitenciaria de incrementar el número de elementos de seguridad personal, autos, armamento, radios y demás recursos materiales y financieros si considera necesario elevar la protección de los ex funcionarios.

Y también la autoridad penitenciaria tiene la facultad de ampliar el periodo más allá del año, si considera necesario mantener la seguridad personal de los beneficiados y sus familias, según se plasma en el acuerdo.

No especifica si los beneficios incluyen a todos los ex funcionarios que fungieron como comisionados, entre ellos a Salvador Morales Riubí, quien en mayo del 2020 asumió el cargo, lo cual ampliaría el costo y agentes destinados a la seguridad personal a cuesta del erario.

TEME POR SU VIDA

En el acuerdo, Rodríguez Lozano sustenta que las actividades en materia penitenciaria son de alto riesgo para la vida e integridad corporal de los servidores públicos y afirma que particularmente por aquellos presos que cometieron delitos por organizaciones criminales que calificó de altamente sofisticadas.

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Asevera que los recursos técnicos y económicos con que cuentan los delincuentes, hacen más vulnerables a los servidores públicos y al terminar el cargo, se vuelven vulnerables y por ello consideró que es indispensable la protección.

Rodríguez Lozano justificó que es para evitar represalias o actividades de los privados de la libertad que puedan dirigir desde prisión o que tengan alguna relación con el crimen organizado, actividades de bandas, grupos terroristas, narcotráfico y agrega dos términos que le preocupan, que son la intimidación y la corrupción.