Fallan procedimientos para investigar la corrupción

Aunque apliquen inhabilitaciones a algún servidor público, lo eluden participando por medio de terceros, señaló Cristina Elizabeth Lew Luna, presidenta del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho A.C. de Mexicali.

El Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho A.C. en Mexicali detalló que es necesario fortalecer el ejercicio de impartición de justicia / Archivo / La Voz de la Frontera

Christian Galarza

Los procedimientos y métodos para investigar la corrupción en Baja California no permiten que esta se juzgue y castigue de manera eficiente, señaló Cristina Elizabeth Lew Luna, presidenta del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho A.C. de Mexicali.

Este lunes 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, por declaratoria de la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2003.

“Hemos respondido ante la corrupción”: Norma Bustamante

Esto implicó la creación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que tiene como objetivo Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

México, como país que forma parte de dicha convención, tiene la obligación de acatar lo que se indica. Sin embargo, Lew Luna aseveró que los mecanismos empleados por las autoridades del Estado para investigar la corrupción no permiten que se juzgue y castigue de manera eficiente.

“A veces el procedimiento sufre de pequeñas lagunas, o deficiencias, y eso, al momento de llegar a la toma de una determinación o resolución que pueda aplicar sanciones, puede no permitir que sea exacta en su aplicación”, manifestó.

Asimismo, señaló que algunas medidas punitivas o sancionatorias, como las inhabilitaciones, también deben revisarse y regularse, para evitar que los corruptos eludan el objetivo de la misma sanción.

Preocupa impunidad de hechos delictivos hacia empresarios: COPARMEX

“En el caso de una inhabilitación, que dicen ‘vamos a incrementar el tiempo para que no puedan desempeñarse’, pero a final de cuentas un servidor público que es inhabilitado puede, por medio de terceros, estar participando. Ese tipo de situaciones las tienes que regular más por qué ahí es donde no hay esos filtros”, explicó.

La presidenta del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho A.C. en Mexicali detalló que la corrupción, en dependencias gubernamentales, se puede definir como el uso irregular de recursos públicos que fueron destinados a un fin en específico, ya sea para enriquecimiento personal, o para enriquecer a un tercero.

Para esto, mencionó, existen mecanismos e instituciones que se encargan de investigar y castigar la corrupción, según la dependencia donde se realice. En ese sentido, pueden involucrarse dependencias como la Secretaría de Honestidad y Función Pública; Auditoría Superior del Estado; Órganos Internos de Control; Sindicaturas Municipales; y Contralorías Internas.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la corrupción es el segundo problema más importante identificado por los bajacalifornianos, sólo por debajo de la inseguridad.

Roberto Valero Berrospe _ Titular del Centro de Estudios Económicos en Baja California

Desciende Mexicali al doceavo lugar en competitividad: Valero

Asimismo, el 49.1 por ciento de los encuestados señaló que la corrupción es “Muy frecuente”, siendo la segunda cifra más alta a nivel nacional, por debajo de Michoacán de Ocampo, donde el 49.7% de los encuestados respondió de igual manera.

Respecto a las instituciones y sectores públicos, el 67.5% de los bajacalifornianos encuestados señalaron a las “Policías” como las instituciones con presencia de corrupción “Muy frecuente”; le siguen los Partidos Políticos, con el 50.1%; las Cámaras de Diputados y Senadores, así como los Jueces y Magistrados, con el 35.9% cada uno; Ministerio Público o Fiscalía Estatal, con el 33.6%; y el Gobierno Estatal, con el 30.9%.