La comunidad LGBTI se dice discriminada

Tijuana.- Baja California le dijo no al matrimonio igualitario. El Congreso del estado le dio marcha atrás a las uniones entre personas del mismo sexo, con un resultado de 15 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones. Al ser una reforma constitucional, se requería que al menos 17 legisladores respaldaran la iniciativa.

Actualmente, en el país, 17 entidades federativas reconocen el matrimonio igualitario en sus legislaciones; 12 de ellas a través de reformas a sus códigos civiles o familiares (Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca y Quintana Roo), y cinco a través de acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Puebla).

Jaime Marín tuvo que casarse en Estados Unidos, derivado de la prohibición del matrimonio igualitario en Baja California. Él y su pareja, ambos de origen mexicano, optaron por darse el sí en el vecino país, aprovechando que en California están permitidas este tipo de uniones.

A pesar de que él ya está legalmente casado, desde hace semanas participó activamente en la lucha para la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado, algo que finalmente no sucedió, por la negativa a votar por parte de cuatro legisladores de Morena, partido que incluso cuenta con una Secretaría de la Diversidad Sexual dentro de su estructura.

“Tienes que pedirle a otra persona un permiso para casarte cuando las personas heterosexuales se casan, se divorcian, abandonan hijos y la verdad es que ahí no dicen nada porque es lo normal. Seguimos viviendo en esta discriminación, la gente conservadora ganó, los legisladores dijeron sí a la discriminación y seguimos siendo ciudadanos de segunda clase”, lamentó.

Aunque el Congreso de Baja California no haya aprobado el matrimonio igualitario, desde 2015 la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.

“Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”, dictó el máximo tribunal del país.

“El oficial del Registro Civil nada más hace un análisis al respecto y los casa. Realmente en comparación de años anteriores, no hay una oposición completa porque el del Registro Civil está consciente de que él lo puede realizar argumentando los criterios de la SCJN y la constitución e igual le va a llegar esa orden por conducto de un amparo”, explicó.