Plantean denuncia penal contra alcaldes

Debido a que por afirmativa ficta de los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana respecto a la reforma electoral para que diputados locales y munícipes realicen campañas sin separarse de su cargo, ya alistan denuncias penales por coalición de servidores públicos, así como un referéndum.

A la medianoche del 13 de junio, venció el plazo para que el ayuntamiento de Mexicali sesionara y votara la referida reforma electoral, la cual será aplicable en el próximo proceso electoral que iniciará en diciembre, por lo que de manera automática se considera aprobado por afirmativa ficta a pesar de los reiterados llamados de los regidores de la oposición a que fueran convocados a sesionar por la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda y a votar a favor o en contra de la reforma, argumentando sus motivos de frente a los mexicalenses.

El edil perredista Fernando Rosales mencionó que venció el plazo y nunca fueron convocados, por lo que su siguiente paso será presentar una denuncia penal por coalición de servidores públicos en contra de los alcaldes Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Mexicali y Arturo González Cruz, de Tijuana ante la Fiscalía General del Estado una vez que haya sido publicada la reforma en el Periódico Oficial del Estado y de comprobarse, se les podrá aplicar una pena de 2 a 7 años de prisión y multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (de 2 mil 606.4 a 26 mil 064 pesos), según el Código Penal de Baja California.

La alcaldesa parece estar sometida a las disposiciones que tenga el gobernador para sesionar en temas que le interesan, como el caso de la reforma para quitar el límite de edad de 70 años para que su amigo Guillermo Ruiz Hernández pudiera ocupar el cargo, sesión que fue convocada a las 48 horas de haber recibido el dictamen por parte del Congreso.