Preocupan residuos de desalinizadoras
Lo importante es dónde y cómo desechar la salmuera que generan, explica experto
Mariela Tapia / La Voz de la Frontera
El objetivo es reducir los impactos contaminantes, aunque con ellos se encarezca el servicio y proceso de la planta desalinizadora y, al final, el costo del agua también sea más costoso.
Detalló que la salmuera al ser desechada sobre la tierra, contamina el suelo y genera que muera la vegetación que se encuentra alrededor.
Si es arrojada en las costas, también mata la vegetación y la fauna del mar.
Es por ello que la manera correcta de desechar la salmuera, es la instalación de tuberías al fondo del mar, en donde se deben aplicar difusores.
Ante dicho escenario, señaló que en México es viable crear desalinizadoras de agua, sin embargo, la inversión que se requiere para hacerlo correctamente y sin generar un daño ambiental es de alto costo.
Porque involucra generar los sistemas necesarios para depositar la salmuera de rechazo.
Ramírez Hernández detalló que si el costo final para el usuario es barato, de tal manera en que lo pueda pagar toda la ciudadanía, esto es porque se están generando impactos ambientales considerables, al no disponer correctamente de la salmuera.
En cambio, si lo haces sin realizar un impacto ambiental fuerte, con más tecnología, con el debido mantenimiento y energía, eso representa inversión y un mayor costo de producción.
“Entre más tecnología aplicada, es más caro, pero es menor el impacto ambiental y entre más barata es mayor el impacto”, puntualizó.
Generalmente, dijo, al realizarse políticas públicas se procura que sea lo más barato posible para la ciudadanía, sin importar que impacte al ambiente, lo cual genera conflicto con muchas personas que sí les importan los efectos al entorno.
Como contexto, en la administración del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, se autorizó un proyecto de planta desalinizadora en zona costa que fue denunciado, donde los altos costos no eran por tecnologías, sino por ganancias excesivas para los inversionistas.
Dos plantas costarían más de 57 mil millones de pesos a los bajacalifornianos por un plazo de 37 años, cuyos beneficiarios serían un círculo de empresarios y políticos.



























