Presentan 15 amparos contra protocolo “antimanifestaciones”

Alrededor de 35 organizaciones civiles se han sumado en contra de dicho protocolo

manifestación colectivos de búsqueda — **Todas las organizaciones, abogados y activistas coincidieron en que el protocolo es inconstitucional e impreciso** / Celeste Espinoza / La Voz de la Frontera

Christian Galarza

Alrededor de 15 amparos han sido solicitados en contra del protocolo para manifestaciones, o “antimanifestaciones”, publicado por el gobierno del Estado de Baja California, informó el abogado y director de Justicia que Transforma México A.C., Guillermo Rivera Millán.

El 25 de julio del presente año el gobierno de Baja California publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) el “Protocolo Estatal de Actuación Gubernamental para la Prevención Manifestaciones y/o Protestas Desarrolladas en Baja California” mismo que, de acuerdo a las declaraciones del titular de la Secretaría General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, está dirigido sólo a los trabajadores del gobierno estatal.

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Sin embargo, el 7 de agosto alrededor de 25 asociaciones civiles realizaron una rueda de prensa para manifestarse en contra de dicho protocolo ya que, aunque son instrucciones que los trabajadores gubernamentales deberán acatar, la redacción de algunas de las situaciones que supuestamente ameritan la intervención de las fuerzas policiales es ambigua y tiende a la malinterpretación, consideraron.

**Guillermo Rivera Millán, abogado y director de Justicia que Transforma México A.C.** / Christian Galarza / La Voz de la Frontera

En ese sentido, alrededor de 15 amparos federales ya fueron promovidos en contra del protocolo señalado como “antimanifestaciones”, movimiento al cual ya suman cerca de 35 asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, indicó Guillermo Rivera.

“Yo se que hay aproximadamente 15 amparos ya presentados, el término se vence el día lunes. El día de hoy se que se están firmando demandas de amparos y el lunes también ya tenemos programadas otro grupo de demandas de amparo que se tienen que presentar”, expresó.

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INCONSTITUCIONAL E IMPRECISO

El abogado señaló que todas las organizaciones, abogados y activistas coincidieron en que el protocolo es inconstitucional e impreciso, debido a que su lenguaje ambiguo permitirá posibles represiones y violaciones de los derechos humanos.

“Yo creo que tanta interpretación no es buena en un protocolo. Se supone que esto lo que tiene que dar es tranquilidad y claridad, y no generar esta lluvia de debates y argumentos. Que a final de cuentas esto se da por qué el protocolo es omiso y no aborda de manera clara y contundente todas las dudas que puedan surgir en la ciudadanía”, explicó.

Rivera Millán detalló que el protocolo establece los actos lícitos, pero no se especifican qué tipo de actos serán considerados ilícitos, en los que sí aplicará la fuerza pública.

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“¿Quien va tener el criterio para determinar que ese acto es ilegal y entonces, en ese sentido, aplicar la fuerza pública? ¿Como se va tolerar algún acto que se pueda denominar de violencia y que tipo de grado de violencia se va señalar para que se considere ilegal y que intervenga la fuerza pública?”, cuestionó.

Mencionó que para el lunes 18 de agosto podrían haber presentado hasta 30 amparos en contra del protocolo. Asimismo, comentó que para ese mismo día podrían recibir cerca de 3 suspensiones provisionales a su favor como respuesta a los amparos.

NO RESTRINGE

Previamente el secretario general de gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, señaló que el protocolo no tiene el objetivo de inhibir, restringir o bloquear las manifestaciones y protestas, sino aplicar prevención y atención.

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Tampoco obliga a los manifestantes a presentar alguna solicitud o permiso para expresarse públicamente, y explicó que se crea el grupo de coordinación y el grupo de diálogo territorial, ambos con el objetivo de abrir comunicación y de atender o resolver las inconformidades, con el objetivo de disuadir la manifestación.

“Negociando las causas, el diálogo es para convencer, no para vencer”, especificó, permitiendo que se manifiesten, pero confirmó que el único punto donde se interviene, es cuando la expresión afecte a terceros o ponga en riesgo la vida de las personas.