Protocolo de Protección Integral Escolar no se actualiza desde 2022

Está integrado por 24 normas, mismas que ya fueron actualizadas por si mismas, pero no en el marco jurídico del propio protocolo

primaria mexicali — El protocolo no contempla el establecimiento de programas dedicados a la prevención y erradicación de la violencia, discriminación y acoso escolar, estipulados en la propia Ley de Educación del Estado. / Educación BC

Christian Galarza

El Protocolo de Protección Integral Escolar de la Secretaría de Educación del Estado de Baja California no es actualizado desde el año 2022, señaló el abogado Guillermo Rivera Millán, del despacho jurídico De La Peña Rivera.

El pasado viernes 11 de julio el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 37 (SNTE 37) emitió un documento dirigido a la titular de la Secretaría de Educación, Irma Martínez Manríquez, para exigirle suspender la aplicación del Protocolo de Protección Integral Escolar. Esto luego de que se sentenciara al docente Esteban Canchola por el delito de Omisión de auxilio tras la muerte del alumno Martín Damián luego de activar el protocolo en 2023.

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Al respecto, la Secretaría de Educación informó que están llevando a cabo mesas de trabajo con el sector magisterial a fin de modificar el protocolo, luego de que distintos sindicatos señalaron que dicho mecanismo es ineficiente y responsabiliza injustamente a los maestros.

En ese sentido, el abogado Rivera Millán señaló que el Protocolo de Protección no ha sido actualizado desde el año 2022, ya que las 24 normas por las que se rigen ya se actualizaron, pero en el marco jurídico del protocolo éstas permanecen desactualizadas.

Detalló que las normas en las que se basa el Protocolo de Protección son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Declaración Universal de Derechos Humanos; Convención de los Derechos Humanos; Ley General de Educación; Ley General de los Derechos de NNA (Niñas, Niños y Adolescentes); Ley General de Protección Civil; Ley General de Salud; Ley General de Víctimas; Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

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De igual manera, está basado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; Código Nacional de Procedimientos Penales; Código Penal Federal; Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California; Ley de Educación del Estado de Baja California; Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos BC; Ley de Seguridad Escolar de BC; Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado; Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar en BC; Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación; Ley para la Protección y Defensa de los Derechos NNA de BC; y Código Penal para el Estado.

Concretamente, aseveró que el protocolo no contempla el establecimiento de programas dedicados a la prevención y erradicación de la violencia, discriminación y acoso escolar, estipulados en la propia Ley de Educación del Estado.

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Además, se señaló que el mismo protocolo omite integrar legalmente las obligaciones, corresponsabilidad y delimitación de la participación de todos los actores e instituciones que conforman el Sistema Educativo Estatal; desde los padres de familia, docentes, personal administrativo, directivos, autoridades educativas, instituciones educativas, y hasta los Consejos de Participación Escolar y los Comités Escolares de Administración Participativa.