Van contra invasores de predios y viviendas

Así lo informó el diputado Diego Echevarría Ibarra, quien presentó ante el pleno legislativo la iniciativa de reforma para que el delito de despojo no prescriba y sea sancionado con penas de 5 hasta 10 años, en contra de quien invada, impulse o abogue por dicho delito.

El objetivo es reformar los artículos 226 del Código Penal de Baja California y 1142 y 1155 del Código Civil del Estado para dar certeza jurídica a los propietarios de los predios y viviendas.

También incluye a grupos de tres o más personas que cometan dichas acciones, o cuando se realice en contra de persona mayor de sesenta años de edad o con discapacidad.

La iniciativa de reforma sancionará cuando se cometa por un familiar en contra de su ascendiente, y además se emitirá la privación del derecho a la herencia del ofendido.

Además, cuando se realice respecto de un inmueble o predio que haya sido declarado área natural protegida por la autoridad competente, o se trate de zonas sujetas a conservación ambiental en términos de las leyes aplicables.

La reforma propone que el ministerio público tenga la facultad de recuperar el bien o derecho despojado y ponerlo en posesión de su legítimo propietario de manera inmediata.

Esto, para garantizar sus bienes materiales como predio o vivienda, ya que actualmente mientras se realizan las demandas, los invasores se mantienen en los terrenos despojados ilegalmente.

“La posesión que se obtiene a través de la comisión de un delito nunca será apta para que la persona adquiera un derecho por prescripción”, dijo el legislador.

“Máxime que en los últimos tiempos se aprecian individuos que en grupo o grupos realizan diversas maquinaciones delincuenciales para hacerse de la posesión de bienes o derechos y eventualmente, de su propiedad.

“Lamentablemente, esta situación de anarquía y de inequidad es producida por la indebida procuración y administración de justicia, es decir, el estado mismo es consecuente a estas circunstancias”, señaló Echevarría Ibarra.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y, en su caso, aprobación en el pleno legislativo.