Sólo así se podrá revertir la influencia corrosiva de la narcocultura en generaciones que merecen un futuro distinto —más justo, seguro y digno— lejos de la violencia y la explotación.
Hace un mes, tuve la oportunidad de compartir saberes con maestrantes en Criminología. En el diálogo introductorio tocamos el tema de la narcocultura, entendiendo que esta no se refiere únicamente al narcotráfico como actividad criminal, sino a un conjunto de valores, símbolos y prácticas que emergen de la presencia persistente del crimen organizado en la vida social cotidiana y que terminan permeando imaginarios colectivos, lenguaje, música, entretenimiento y aspiraciones de grupos sociales. En México, la narcocultura ha ganado terreno tanto por la violencia directa de los cárteles como por su representación mediática en series, narcocorridos y otros contenidos culturales que romanticen la figura del narco como símbolo de poder, riqueza o, principalmente, como “escape” de la pobreza.
Tapachula, puesto estratégico en la frontera sur de México, funciona como corredor principal hacia Centroamérica y es nodo clave en las rutas de tráfico de drogas, esta ubicación geográfica convierte a la ciudad en un laboratorio social donde la presencia del crimen organizado no sólo es estructural sino también simbólica en las dinámicas comunitarias.
Como docente de primaria y educación superior, he tenido experiencias directas sobre la potente influencia de este fenómeno en la población infantil, adolescente y joven. En cierta clase de la antiquísima materia de Formación Cívica y Ética (actualmente se encuentra en el campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades), escuché decir a un alumno de sexto grado “quiero ser narco porque me gustan las camionetas y las mujeres bonitas”, acto seguido respondió una niña “y yo quiero ser la esposa de él”. La población infantil y adolescente no es inmune a la penetración de la narcocultura. Existen múltiples vectores a través de los cuales las infancias acceden o se ven influenciadas, por ejemplo, el contenido audiovisual y musical (narcocorridos, series, redes sociales) que glorifica la figura del narco puede moldear expectativas y fantasías en jóvenes que aún no han desarrollado una visión crítica completa del mundo. Este proceso de idealización —que vincula riqueza, poder y estilo de vida con el crimen— contribuye a que ciertos sectores de la niñez internalicen valores distorsionados sobre el éxito y el estatus.
Otro punto favorecedor son las disputas entre grupos criminales por el control de rutas y mercados ilícitos que, en el diario vivir, enfrenta nuestra “ciudad segura”. Esta realidad de inseguridad extendida genera un ambiente donde las infancias están expuestas a violencia indirecta y directa, inseguridad y normalización de conductas agresivas en su entorno social. La alta percepción de inseguridad entre residentes es un factor que condiciona el desarrollo emocional y la construcción de identidad en los jóvenes. La narcocultura se traduce no sólo en un discurso estético sino en prácticas concretas: mecanismo de captación, reclutamiento y explotación de niñez y adolescencia por grupos criminales. En Chiapas, organizaciones especializadas han documentado que algunos menores se acercan a estos grupos ya sea por presiones económicas, proximidad comunitaria o idealización del estilo de vida delictivo. Esto no sólo implica participación activa en actividades ilícitas, sino también una privación directa de derechos, aumentando su vulnerabilidad frente a la violencia y la privación educativa y laboral.
La situación en Tapachula se complica por su condición de ciudad fronteriza con Guatemala y centro de tránsito migratorio, lo cual forma un entorno social caracterizado por tráfico de drogas y disputas delincuenciales por territorios de paso, asimismo economías informales donde existe intersección entre migración, criminalidad y vulnerabilidades socioeconómicas. Estos factores crean condiciones que pueden facilitar la inserción de infancias en redes criminales o en economías secundarias del narcomenudeo. La ausencia de oportunidades educativas o laborales dignas agrava su riesgo: sin alternativas de futuro, la narcocultura puede aparecer como una salida posible —aunque destructiva— para muchos jóvenes.
Como criminóloga y criminalista, considero que la exposición continua a la narcocultura y a la violencia asociada impacta negativamente en la infancia en varias dimensiones. En lo social y emocional, la normalización de la violencia y la idealización del crimen puede erosionar valores éticos y disminuir la capacidad crítica de los jóvenes frente a modelos de conducta destructivos. En lo educativo, la percepción de la escuela como un espacio irrelevante frente a las “oportunidades” imaginadas del narcotráfico puede aumentar el abandono escolar, limitando el capital humano de generaciones futuras. Y, por último, como doctora en Educación y Derechos Humanos, sostengo que existe una grave vulneración de derechos básicos (seguridad, educación, salud, desarrollo integral) cuando menores son reclutados o cooptados por estructuras criminales, generando con esto trayectorias de vida marcadas por la violencia y la marginación.
Entender el impacto de la narcocultura en las infancias de Tapachula requiere ir más allá de la simple referencia estética de la violencia. Se trata de un fenómeno multidimensional que impacta de manera significativa en la vida social porque interseca con condiciones socioeconómicas adversas, se retroalimenta con la falta de oportunidades educativas y laborales, se naturaliza en comunidades donde la violencia es parte de la vida cotidiana, amenaza el desarrollo saludable y los derechos fundamentales de niños y adolescentes. Es un flagelo que se ha instalado de forma endémica en la colectividad.
El desafío social no es sólo apagar narrativas culturales de romanticismo del crimen, sino transformar las condiciones estructurales que facilitan la absorción de esos imaginarios por parte de las infancias. Políticas públicas educativas, culturales y de protección social deben ser diseñadas desde una lógica de restauración del tejido social, con especial atención en la prevención integral y la garantía de derechos.
